Entre mayo de 2018 y agosto de 2019, Marcel Eduardo Buendía Hernández habría aprovechado su cargo de archivador de la Registraduría Nacional del Estado Civil para cobrarle aproximadamente un millón de pesos a ciudadanos venezolanos por el diligenciamiento de contraseñas, a pesar de tratarse de un trámite gratuito. Lea: Extorsionaba a comerciantes de Cartagena y fue capturada
Según el ente investigador de la Fiscalía, “el funcionario, al parecer, se prestó para adulterar información oficial que, supuestamente, permitiría legalizar la estadía de extranjeros en el territorio nacional. También, se evidenció que los datos consignados en dichos documentos eran falsos”.
Captura y judicialización
El pasado 13 de junio Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a Buendía Hernández en su lugar de trabajo, en el barrio Retén Doña Manuela de Cartagena.
Por petición de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad (detención domiciliaria) contra el procesado, quien negó los cargos endilgados por el ente acusador: delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público.
El ente acusador investiga si esta conducta se presentó de manera reiterada pues, al parecer, existe otra queja contra el procesado por, supuestamente, incurrir en un comportamiento similar.
