La pandemia del coronavirus ha demostrado no conocer de estratos ni de etnias, pues a todos, de alguna manera, le ha afectado de algún modo, ya sea con sus efectos a nivel de la salud o a través de sus consecuencias adversas en la economía, y en este segundo punto, la comunidad indígena no ha sido la excepción.
En el Cabildo Zenú de Membrillal (Caizem) por ejemplo, el capitán Roger Suárez afirma que el hecho de encontrarse geográficamente aislados ha sido una ventaja para evitar el contagio, pero al mismo tiempo se convierte en un arma de doble filo al tratar de subsistir, teniendo en cuenta que gran parte de esta comunidad vive de las ventas.
“Esta es una situación que nadie tenía planeado en su diario vivir. Es difícil porque la vocación de nuestros habitantes en su mayoría es la elaboración de artesanías, otros venden tinto y dependen altamente del turismo de la Ciudad Amurallada, y con todo este aislamiento preventivo obligatorio, todos están sin empleo”, expresó Suárez.
Las ayudas
Ante este panorama, el capitán indicó que de igual manera se han gestionado ayudas ante las entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.
“Esas han sido las que han mitigado el hambre en nuestra población, llegaron ayudas del Ministerio del Interior que entregó la Secretaría y también recibimos de Gestión del Riesgo”, resaltó.
Sin embargo esto no ha sido suficiente para evitar que algunas personas ante la necesidad se vean obligadas a seguir en el rebusque.
“Al principio vinieron ayudas en temas de alimentación, mercados y eso. Pero hay muchos compañeros que dependen del trabajo informal del día a día. Estuvimos alrededor de dos meses sin actividad y pues de aquí en adelante sí hemos asumido el riesgo pero acatando las medidas siempre. Por el lado de las artesanías, el taller de fabricación de productos está quieto porque no hay proveedores ni quien compre, los que están trabajando son los que venden tinto, que salen en la mañana y nada más trabajan medio tiempo porque tampoco es que haya mucha clientela”, expresó Wilfrido Pérez, que hace parte del asentamiento zenú en el barrio Daniel Lemaitre.
El capitán Roger Suarez también señaló que a pesar de que un 70% de la población del cabildo también son víctimas del conflicto armado (llegaron a la ciudad por el desplazamiento forzado), aún así no han aparecido en las bases de datos del Estado para la recepción de ingreso solidario, devolución del IVA, adulto mayor, u otros programas que les ayuden para su subsistencia. En total son 104 familias las que viven en el Caizem.
Aferrarse a la madre naturaleza
En este contexto, para el Caizem su mejor aliada ha sido la tierra, ya que ante la crisis, han seguido cultivando y haciendo patios productivos al interior de la comunidad para poder sostenerse. Ahora dependen de las cosechas.
“Estamos viviendo prácticamente de nuestra madre naturaleza que es la que nos da el sustento, de la economía informal y del rebusque. El hambre en nuestro pueblo y en la comunidad se siente además porque hay niños y adultos mayores, y a eso se suma el desempleo que también se incrementó entre los nuestros. Sabemos que eso es en toda Colombia y pues no hay de donde, pero por eso damos gracias a la madre naturaleza que nos ha alimentado. Poco o mucho pero nos ha dado, y ahora estamos en etapa de siembra y seguimos cultivando el campo. Esperamos que en tres meses tengamos maíz y podamos seguir”, dijo Suárez.
En espera del traslado
Por otra parte el Caizem sigue esperando el traslado de su población a un nuevo asentamiento, el cual ha estado pendiente por varios años tras varios fallos que exigen la desocupación del predio donde se encuentran actualmente y la protección de sus derechos como comunidad. El proceso con la nueva administración para mudarse de territorio había tenido lugar en febrero, pero tras la pandemia todo se paralizó.
“Solo hasta la semana pasada el Procurador Delegado para asuntos étnicos realizó una reunión virtual para coordinar acciones y cumplir los fallos. Para la otra semana tendremos la consulta previa para la reubicación. Lo cierto es que este año el proceso ha sido lento pero se entiende porque se han aunado más esfuerzos para el tema del COVID, pero confiamos en que las cosas se puedan reactivar y que antes de que termine el 2020 por lo menos podamos contar con la adquisición y compra del lote, y ya después se pueda dar el traslado”, expresó Suárez.
Datos proporcionados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) indicaron que a la fecha se han dado 7.093 contagios confirmados entre su población a nivel nacional, con un saldo de 244 personas fallecidas, 69 pueblos afectados y 5.002 recuperados, es decir, el 70%.
Para el caso de Cartagena, el INS tan solo reporta dos personas hospitalizadas y tres que reciben atención en su casa, dos correspondientes a la etnia Embera Katio, otras dos a la Zenú, y otro sin definir.
Lo anterior deja tan solo cinco casos activos en la ciudad. Según el INS 67 personas de esta población se ha recuperado y no ha habido ningún fallecido a causa del virus.
