En una historia judicial sin fin se sigue convirtiendo el pago de una multimillonaria suma de dinero que hizo la estatal petrolera Ecopetrol a la Universidad de Cartagena por el uso de una estampilla, caso que escaló hasta el Consejo de Estado en donde pese a que en mayo pasado emitió un fallo que ordenaba devolver el dinero, ahora admitió una tutela en contra de la decisión. Lea: Congresista rechazó los presuntos acosos de profesores en la UdeC
Esta semana, el Consejo de Estado le aceptó al claustro universitario el trámite de la tutela presentada en contra precisamente de la Sección Cuarta de esa corte, por haber presuntamente vulnerado “sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, cuando profirió una sentencia el 11 de mayo de 2023, en la que ordena devolverle a Ecopetrol los pagos que efectuó el 9 de abril de 2010 por valor de $22.865.515.597 y el 3 de marzo de 2010 por valor de $26.402.634.272”. También le puede interesar: La millonaria suma que la Universidad de Cartagena debe regresar a Ecopetrol
Esas sumas que son cercanas a los $49.300 millones, son fruto del pago por concepto de la Estampilla “Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos”, durante los años 1997 a 2004 por concepto de las exportaciones de petróleo realizadas en el Puerto de Cartagena.
Ahora el Consejo de Estado con la acción de tutela interpuesta por la Universidad de Cartagena analizará si hubo irregularidades en el fallo que le dio la razón a Ecopetrol y que quiere obligar a la universidad pública a devolver esos pagos que fueron ordenados por instancias judiciales.
En la acción de tutela la Universidad de Cartagena advierte que el Tribunal Administrativo de Bolívar, instancia que había tomado decisión sobre el caso, indujo en error a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al hacerle creer que el expediente judicial estaba compuesto por cerca de 800 folios, omitiendo incorporar materialmente folios esencialmente importantes para que el Consejo de Estado conociera las razones de la decisión que se había tomado previamente.
“En síntesis, la omisión de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar de remitir el expediente judicial completo, para que dichas pruebas fueran conocidas y valoradas por el Consejo de Estado, vulneró el debido proceso del ente universitario e indujo a error al máximo órgano de la jurisdicción de lo contenciosa administrativa”, señala el documento.
El lío judicial arranca en 2006 cuando la Universidad de Cartagena interpuso una acción de cumplimiento para que Ecopetrol cumpliera la ley 334 de 1996 y la ordenanza 012 de 1997 de la Asamblea de Bolívar y pagara el tributo de la estampilla, a lo cual la petrolera se opuso por considerar las actividades de exportación y exploración de petróleo eran exentas de tributos de orden nacional y departamental.
Aparte de la devolución de los 49 mil millones de pesos, Ecopetrol espera que la Universidad de Cartagena le pague intereses, cifra que en total ascendería a los 200 mil millones de pesos, lo que afectaría todo el funcionamiento de los programas universitarios para los estudiantes de bajos recursos que actualmente están matriculados.
Desde 2006
El lío judicial arranca en 2006 cuando la Universidad de Cartagena interpuso una acción de cumplimiento para que Ecopetrol cumpliera la ley 334 de 1996 y la ordenanza 012 de 1997 de la Asamblea de Bolívar y pagara el tributo de la estampilla, a lo cual la petrolera se opuso por considerar las actividades de exportación y exploración de petróleo eran exentas de tributos de orden nacional y departamental.
En una primera instancia el Juzgado Trece de Cartagena falló a favor de Ecopetrol, pero en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión y ordenó a Ecopetrol el pago de los dineros, por lo que ordenó a la Contraloría General de la República determinar el monto del incumplimiento.
El expediente del proceso de la acción de cumplimiento, en virtud de la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, regresa al Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Cartagena, quien, obedeciendo la orden del superior, y a petición de la Universidad de Cartagena, inicia el trámite de un incidente, en ese incidente se da un debate procesal para determinar el monto de la obligación.
Para 2009 el juzgado Trece Administrativo, emite dos autos que hoy están ejecutoriados, el primero que ordenó a Ecopetrol pagar $26.402.634.271.86 por el incumplimiento, y el segundo que ordenó pagar a favor de la Universidad la suma de $22.865.515.596.73 como factor de monto valor constante.
La empresa estatal a los dos años de haber realizados los pagos, reabrió el debate procesalmente concluido a través de un derecho de petición a la Universidad que devuelva el impuesto pagado con el argumento que no eran auto retenedores.
Con el paso de los años el proceso llegó al Consejo de Estado, en donde la sala de lo contencioso administrativo confirmó la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó a la Universidad de Cartagena la devolución de la millonaria suma.
