La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió en única instancia la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad, presentaron los abogados Emilio Rafael Molina Barboza y Milton José Pereira Blanco en contra del Ministerio de Cultura, para que se declare la nulidad de varios artículos del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del cordón amurallado y el Castillo San Felipe, aprobado por la Nación en mayo del año pasado.
Los artículos de esta herramienta de ordenamiento a los que solicitan la nulidad son el 11 numeral 8º, 26, 29 y 32 del PEMP, relacionado a que se permita la contratación o arriendo de las murallas; que solo se vendan en esta productos nacionales; que el ente administrador fije las áreas y corredores culturales; y que expida el manual de uso de las murallas.
Aunque el Distrito decidió unificar este PEMP con el del Centro Histórico, y de hecho en estos momentos se está en etapa de formulación para así ser presentado un documento final al Ministerio de Cultura, surge la duda si esta solicitud de la acción de nulidad podría incidir en la estructuración del PEMP.
Respecto a esto, el secretario de Planeación, Iván Castro, manifestó que no, ya que el PEMP del cordón amurallado y el Castillo San Felipe es un acto administrativo diferente y por ende no hay, pero que a pesar de esto tendrán en cuenta los artículos a los que los abogados solicitaron la nulidad.
“En Colombia todo ciudadano tiene derecho a hacer reclamaciones y a acceder a la justicia si encuentra que hay algo con lo cual no está de acuerdo. “En este caso, dos abogados presentaron una demanda de nulidad al PEMP de las murallas que realizó el Ministerio de Cultura. Esta demanda, que apenas ha sido admitida por el Consejo de Estado, pero que no ha sido fallada, no afecta las disposiciones o el avance que se pueda tener respecto al PEMP del Centro Histórico, que está elaborando la Alcaldía en estos momentos, teniendo en cuenta que ellos están demandando un acto administrativo vigente y nosotros estamos en la etapa de formulación.
“En las mesas que hemos hecho la idea es poder recopilar la mayor cantidad de observaciones que se puedan presentar, en aras de poder representar los intereses de la mayoría de la población”, manifestó el secretario.
La inversión requerida para la contratación del estudio técnico del PEMP del cordón amurallado y el Castillo San Felipe ascendió a $440 millones. Sobre este aspecto, se debe resaltar que el equipo a cargo de esta labor, compuesto en un 80% por profesionales cartageneros, planteó el desarrollo de una estrategia de trabajo permanente con diferentes actores locales.
El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), órgano encargado de asesorar al Ministerio de Cultura en cuanto a la salvaguarda, protección y manejo del patrimonio colombiano, fue el que aprobó este documento.
El PEMP indica las acciones de protección de carácter preventivo y correctivo necesarias para la conservación de los bienes y establece estrategias que permitirán su recuperación y sostenibilidad. De igual manera, formula las condiciones para fortalecer el reconocimiento y apropiación social por parte de la comunidad, para garantizar su transmisión a futuras generaciones.
Este se estructuró durante 10 meses y fue el producto de varios encuentros con la comunidad de El Espinal, San Diego, Centro Histórico y Getsemaní, y con algunos representantes del sector empresarial y académico.
Se establecieron, entre otros, los siguientes planteamientos: aumentar la zona de influencia con el fin de proteger la relación visual y espacial de las fortificaciones con el entorno urbano ambiental; establecer un rango de altura para las nuevas edificaciones que se pretendan desarrollar en este anillo perimetral de protección; y determinar las usos posibles que se podrán dar en el cordón amurallado en el marco de una estrategia de sostenibilidad social y financiera.