Los días 20 y 21 de octubre se realizará una audiencia pública sobre el proyecto del canal del Dique en medio de las medidas cautelares que solicitó la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). En la diligencia judicial, que se llevará a cabo en Cartagena, se espera recabar información adicional y, sobre todo, garantizar la participación de las víctimas y de sus familiares en el proceso judicial con miras a proteger los cuerpos de personas arrojadas a este complejo fluvial, en el contexto del conflicto armado. (Lea: JEP convoca a audiencia por desaparecidos en zona del Canal del Dique)
El encuentro se enmarca en una solicitud de medida de protección del canal del Dique, radicada por los procesos organizativos de comunidades negras, palenqueras y raizales en torno a la Ruta del Cimarronaje en el Caribe Colombiano, que reúne a más de 200 organizaciones sociales y líderes de la región. No obstante, otra medida cautelar que recae sobre el macroproyecto del canal del Dique es la orden de suspensión del proceso de adjudicación por una tutela interpuesta por líderes de Hato Viejo (Bolívar), que buscaba amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y consulta previa de las comunidades negras. (También le puede interesar: Echan para atrás tutela que suspendió la adjudicación del Dique, ¿y ahora?)
Después de llegar a un acuerdo con el Consejo Comunitario de Hato Viejo, su representante legal decidió desistir de la tutela interpuesta contra el proyecto, información que fue confirmada el pasado 8 de octubre por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, desde Cartagena. “Necesitamos que el juez que decretó las medidas cautelares las levante y que el elemento ambiental se cumpla. En los próximos días estaremos anunciando algo muy importante. La plata para el macroproyecto del canal del Dique está”, dijo el jefe de la cartera de Transporte.
A pesar del anuncio de Reyes, se está a la espera de que el Juzgado Sexto del Circuito de Cartagena donde se ordenó la suspensión del macroproyecto se pronuncie sobre el desistimiento de la acción de tutela interpuesta por el Consejo Comunitario de Hato Viejo, para así continuar con el proceso de adjudicación. Es decir, hasta que no se levanten las medidas cautelares contra el proyecto, no se podrá definir la fecha de adjudicación.
El Universal conoció que, una vez se firme el acta de inicio de las obras, el concesionario tendrá la facultad de adelantar los trabajos de mitigación en el canal del Dique.
Solicitud de veeduría
El 4 de agosto de este año la Veeduría Ciudadana Nacional No a la Corrupción solicitó declarar desierto el proceso de adjudicación y emitir una revocatoria directa contra de acto de apertura de la licitación pública del macroproyecto del canal del Dique. Los cuestionamientos recaían contra la empresa Sacyr como único proponente del proyecto y las presuntas sanciones en su contra.
“La ANI, en sus procesos de selección, está en la obligación legal de evaluar sus ofertas sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva”, respondieron.
Señalaron que esta norma establece los factores de escogencia y evaluación, como capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes. No obstante, a través de una publicación realizada en el Secop el pasado 14 de octubre, Jonathan David Bernal González, vicepresidente de estructuración de la ANI, resolvió negar la solicitud de revocatoria directa y declaratoria directa del proyecto.
El 4 de octubre, en el Palacio de la Proclamación, sede alterna de la Gobernación de Bolívar, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y representantes de las comunidades del canal del Dique, firmaron un “Acuerdo de voluntades” para sacar adelante el macroproyecto de ese hidrovía, que tendrá una inversión de $3,2 billones.
Entre los compromisos pactados en el encuentro está el acompañamiento institucional para las mesas técnicas, se analizará el proyecto y se atenderán las solicitudes de las comunidades para evaluar las posibles afectaciones en el desarrollo y su finalización. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), William Camargo, aseguró que mientras se levantan las medidas cautelares del proyecto continuarán con las mesas de socialización.
