Hace unas semanas la captura de una mujer señalada de alquilar niños para ponerlos a mendigar en el Centro Histórico causó indignación en la ciudad y puso en alerta a las autoridades en torno a la existencia de posibles mafias o redes de explotación de niños, que utilizan a los menores como un mecanismo para producir lástima y de esta manera generar ingresos.
De acuerdo con el teniente Marcos Castro, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de Cartagena, debido a los últimos casos se viene reforzando la labor de identificar los puntos de la ciudad donde más se ven expuestos los menores, con el propósito de enfocar las acciones de control en esos sectores.
“En este año se han ejecutado 310 actividades de vigilancia y control en las que se han dejado bajo protección a 98 niños, niñas y adolescentes; y se han dado 3 capturas en flagrancia por explotación de menores”, manifestó.
Según el teniente, los capturados se ponen a disposición de la Fiscalía, donde se sigue un procedimiento penal de conformidad a lo que dicta el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, el cual castiga la explotación infantil con una pena de 3 a 7 años de cárcel.
La Secretaría de Participación y Desarrollo Ciudadano del Distrito, en cabeza de Claudia Anaya, indicó que la problemática de la mendicidad en menores de edad se ha agravado con los migrantes venezolanos.
De hecho, en los casos registrados este año, dos de los capturados por inducir a los menores son de nacionalidad venezolana.
“Hace dos meses con Policía y Gerencia de Espacio Público hicimos una campaña enseñando a los venezolanos un poco sobre la normativa en Colombia, porque a veces se daban muchos malentendidos a causa de que los venezolanos desconocían las prohibiciones”, aseguró Anaya.
Es el caso de Génesis, una joven madre que llegó a la ciudad huyéndole a la crisis en su natal Venezuela, quien todos los días se sienta en un andén en el Centro Histórico a pedir la colaboración de los transeúntes junto con su hija Sofía, de tan solo siete meses. “Lo que pasa es que no tengo con quién dejar a la bebé”, afirma.
Para contrarrestar esta clase de situaciones, la Secretaría de Participación, en conjunto con el ICBF, estudian la posibilidad de poner en marcha el plan “Mi Vecino Protector”, el cual consiste en brindar cuidado diurno temporal a quienes no tienen dónde dejar a sus hijos, de manera que no queden expuestos. “Primero es necesario identificar quiénes efectivamente no pueden dejar a sus hijos con otra persona y quiénes los usan como un elemento para generar lástima”, expresó Anaya.
Tanto la Policía de Infancia y Adolescencia como la Secretaría de Participación, coinciden en que lo ideal es que la ciudadanía no apoye económicamente a los menores de edad que estén en las calles pidiendo dinero, ya que, según el teniente Castro, “eso ya no es necesidad, sino que se ha vuelto un negocio”.
Además, la Secretaría también agregó que cada vez que se entrega dinero a un niño en la calle, se hace más duro erradicar la problemática, pues en la medida en que ellos encuentren la manera de satisfacer sus necesidades en la calle, más difícil será que desistan de ese estilo de vida.
“La invitación es a no entregar dinero absolutamente a nadie, mucho menos a los menores. No sabemos qué hay detrás de cada niño. Así como hay menores que acompañan a su padres por necesidad, también se ha evidenciado que pueden haber personas inescrupulosas detrás”, manifestó.
Las autoridades también informaron que, ante cualquier situación de este tipo, pueden denunciar a través de las líneas 141 y 123.
