Centros de detención transitoria y de reclusión


El incremento de infractores a la Ley penal, pone en problemas a las autoridades administrativas y de policía,  la ausencia de centros especiales de detención transitoria, genera peligro, inseguridad y riesgo para la comunidad. Las estaciones de policía, las sedes de la fiscalía, no son los lugares adecuados para la permanencia de los detenidos luego de su captura,   mientras son presentados ante los jueces penales para que se les resuelva su situación judicial o mientras son llevados a las cárceles; tiempo que puede tardar debido al excesivo hacinamiento que se presenta en los centros penitenciarios de reclusión definitiva.

En la ciudad de Cartagena el problema está vigente. Ante la inexistencia de un lugar para materializar las detenciones  transitorias, las autoridades han improvisado espacios en sedes de la policía, generando el malestar de vecinos, como ocurrió en el barrio de crespo.  La permanencia de los capturados y detenidos en sitios no adecuados permite la violación de los derechos humanos fundamentales a los infractores de la Ley penal,  pone en peligro sus vidas y a la comunidad.

Dentro de los propósitos de un Estado Social De Derecho, se encuentra el deber de garantizar la dignidad humana,  los infractores de la ley penal están cubiertos por esta garantía constitucional y mientras estén capturados o retenidos, el estado debe garantizar su detención en un sitio digno, seguro, con todos los servicios sanitarios y los cuidados necesarios para recibir un trato digno. Mayúsculo problema tiene que resolver el Distrito de Cartagena, de manera urgente y en corto tiempo.

El déficit de establecimientos penitenciarios en Cartagena es un notorio hecho, no es nuevo, se presenta de tiempo atrás. La reubicación de la cárcel de mujeres fue un proceso que duró muchos años, la vieja edificación ubicada en el centro histórico en el barrio de San Diego, tuvo que ser desalojada; por su ruinoso estado, generaba peligro para las reclusas que fueron trasladadas a un predio ubicado en el vecino municipio de Turbaco, de propiedad de particulares,  por el cual el Distrito paga una gruesa suma de dinero mensual por su arriendo, el inmueble fue acondicionado como  centro de reclusión para mujeres.  Esperamos que esta reubicación sea transitoria y no definitiva, el hecho que el Distrito de Cartagena, no tenga una cárcel propia, es la más grande muestra de la ineptitud de los anteriores gobernantes. Cartagena necesita una infraestructura acorde con el crecimiento de la ciudad que garantice a la población seguridad, bienestar y la protección de los derechos fundamentales, incluso para quienes transgreden la ley. La construcción de un complejo carcelario para la reclusión de hombres y mujeres, debe ser una prioridad para la actual administración, es hora  que el alcalde y el concejo, trabajen para que este proyecto se convierta en una realidad. Es con obras de esta magnitud que la economía se reactivará, necesitamos que el distrito de Cartagena, se convierta en un generador de empleo y garantice la calidad de vida de los habitantes.

 


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