El decreto 806 del 5 de junio de 2020, se convirtió en la solución para los usuarios de la administración de justicia en Colombia. Pasar de lo escritural a la oralidad, fue una tarea que implicó esfuerzos, capacitaciones y un cambio de prácticas, costumbres y procedimientos, tanto para los funcionarios, como para los abogados y usuarios.
Siempre entendí que el derecho era la profesión ideal. Me generaba adrenalina, el construir la pretensión de la demanda, la preparación de las audiencias, o la elaboración de la contestación cuando era el defensor del demandado. Los abogados de mi generación, aprendimos con el código de procedimiento civil, para aterrizar en el Código General del Proceso, transición que implicó desaprender el articulado para darle paso al nuevo índice, con un contenido más dinámico.
La era digital nos llegó de la noche a la mañana. La pandemia generada por el Covid-19 cambió nuestro sistema judicial, trasladando la oralidad a la virtualidad. Lo mejor que le pudo pasar a mi amada profesión y al ejercicio del litigio. Con el decreto 806, disminuyó el exceso de ritualidad, la obligatoriedad del sello, las fotocopias, la presencia del abogado. Las famosas preguntas en los juzgados: ¿Usted que parte es? O ¿Pará que esta el proceso? Dejaron de escucharse; se acabaron los saludos a los funcionarios y los excesivos protocolos al instalar una audiencia, no sabía quién era el encargado de proyectar, ni quién atendía al público, sólo enviaba correos y recibía las providencias en el buzón de mi correo electrónico. ¡Qué maravilla! Todo esto sin salir de la improvisada oficina en el cuarto de mi casa. Sentía que por fin intentábamos estar a la altura de los tiempos y la tecnología se empezaba a implementar.
Pasaron dos años y las cosas mejoraron, los procesos fluyeron, la virtualidad le imprimió dinamismo a la administración de justicia, a la profesión, al arte del litigio. Pero la felicidad no nos duró mucho tiempo. Hoy lamento que el gobierno y particularmente, el Ministerio de Justicia, no actuara de manera oportuna; y que al día (6) de junio de 2022, nos tengan inventando teorías sobre procedimientos, mientras que los usuarios claman justicia por la defensa de sus derechos.
No hay ministro de justicia, no hay gobierno, estamos en el peor de los escenarios, protagonizado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica, pudiéndose evitar.
Solo me queda decir: réquiem por la 806.
