Por Carlos Olaya*
Puede ser muy frustrante pelear contra la concentración de tierras en el Caribe. Para muchos, con bastante razón, sigue siendo una región de latifundios improductivos, despojos violentos, políticas de tierras fallidas y élites recalcitrantes, donde muy poco se puede hacer para remediar la desigualdad rural. Pero, de vez en cuando, el Caribe se vuelve una región de pequeños triunfos en la lucha por la tierra. Son experiencias muy localizadas, desconectadas unas de otras, pero que dan nuevos aires para quienes sueñan con un Caribe menos desigual. En esta columna doy tres ejemplos.
Pequeño triunfo número uno: 23 familias se encuentran a un paso de obtener títulos de propiedad sobre dos parcelaciones en Pivijay, Magdalena. Es el resultado de más de 20 años de papeleo y mucha terquedad. En los 90 estas familias se enteraron de que los manglares donde habían habitado por décadas estaban dentro de la Vía Parque Isla Salamanca, un área protegida de conservación estricta, que no admite actividades agropecuarias en su interior. Las familias se organizaron y empezaron a reclamar su reubicación en tierras fuera del Parque, en un lento e infructuoso intercambio de correspondencia con entidades estatales.
En el intermedio, grupos paramilitares los expulsaron del Parque en los años 2000; un hecho aún no esclarecido por la justicia. En la década de los 2010, las familias comenzaron a retornar lentamente y fueron desterradas de nuevo, esta vez por los funcionarios de Parques Naturales. La tensión fue creciendo hasta que, por fin, gracias a una relación más amistosa con la nueva dirección del Parque, lograron un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras –ANT- y Parques Nacionales en 2017 para ser reubicadas. Hoy, muchas de estas familias ya viven en los predios que logró comprar la ANT. Cultivan ñame, yuca, ahuyama, maíz y pastos para ganado. Solo les falta recibir el título de propiedad que, según la ANT, podría llegar a finales de 2020.
El segundo pequeño triunfo lo pueden encontrar en Luruaco, Atlántico. En los 90 se juntó un grupo de activistas estudiantiles, artistas, campesinos y exguerrilleros del EPL para buscar otras vías políticas para mejorar el futuro del municipio fuera de los canales del clientelismo local. La solución: constituyeron a Matamba y Kusuto-Magende, dos consejos comunitarios de comunidades negras. De ahí en adelante, reivindicando su identidad de costeños afros y negros, comenzaron a pelear las agendas que consideran justas.
Los dos consejos no la han tenido nada fácil. Varias veces les han negado la actualización de su personería jurídica y sus solicitudes de titulación de tierras se han engavetado, por excusas tan irritantes como que los papeles se han perdido en las oficinas estatales. Aun así, se las han arreglado para tener éxito en muchos de sus reclamos. Entre otros logros, consiguieron la titulación de un predio para instalar una despulpadora en 2017 que les ayude a enfrentar las crisis de sobreproducción de mango que aqueja a los campesinos del municipio. También han mantenido un proyecto de soberanía alimentaria y rescate de huertas para las mujeres (en esta tesis se puede encontrar la historia de estos consejos).
El último triunfo no es tan pequeño y es tal vez la lucha más antigua. Más de 3 mil descendientes de esclavos esperan la titulación de parcelas de la antigua Hacienda Arroyogrande, al norte de Cartagena, Bolívar. Dos documentos les han dado ese derecho. El primero es una escritura pública del siglo XIX, con la que los dos españoles propietarios les cedieron a sus esclavos la mayoría de la hacienda. El segundo es la sentencia T-601 de 2016, en donde la Corte Constitucional constató que dicha cesión fue desconocida sistemáticamente por el Estado y que la situación debe remediarse en favor de los herederos de los esclavos. Y aquí comenzó un proceso sin precedentes de restitución de tierras heredadas que sigue vigente.
En la zona de la antigua hacienda permanecen algunos descendientes, pero muchos se han regado por la región, buscando sobrevivir en las ciudades o en otras zonas rurales. Por otro lado, a través de los siglos, a la hacienda se la han comido grandes propietarios, proyectos de infraestructura y turísticos, así como campesinos empobrecidos. Pero ahora, la ANT mantiene un proceso complejo de clarificación y restitución, en el que ha identificado a los herederos, se delimitó el área de la hacienda y se comenzaron mediaciones entre los actuales ocupantes y los beneficiarios de la sentencia T-601 de 2016.
Estos pequeños triunfos no son perfectos. Las familias reubicadas en Pivijay aún esperan los títulos de propiedad y proyectos productivos prometidos en sus acuerdos con el Estado. En Luruaco siguen los problemas de papeleo y no han podido avanzar mucho en sus procesos de titulación colectiva. Y en el proceso de Arroyogrande aún falta mucho camino por recorrer y hay inconformidades por la manera como se han delimitado los linderos de la hacienda. Aun así, son triunfos. Detrás de ellos hay funcionarios inmensamente comprometidos en cada caso, no se puede negar. Pero, sobre todo, hay gente aguerrida que no se ha dejado doblegar por la lentitud del Estado o las violencias que los atormentan.
*Investigador de la línea ambiental de Dejusticia
