Después de conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la prohibición de la pesca deportiva en Colombia, la comunidad de la pesca deportiva del país ha manifestado su preocupación ante las consecuencias que esta decisión tendrá en materia socioeconómica y ambiental en las diferentes regiones.
La pesca deportiva agrupa a múltiples actores que hacen parte de esta práctica y que aportan desde su actividad a la consolidación de proyectos de desarrollo sostenible en regiones alejadas del país. Es así como comunidades locales, pescadores, operadores turísticos y operadores logísticos se unen para crear las condiciones necesarias para desarrollar esta actividad en uno de los países más biodiversos del mundo.
A estas voces se une la de la WWF, una organización reconocida globalmente y con un trabajo de más de 25 años en Colombia, que tiene como misión detener la degradación del ambiente natural del planeta, buscando conservar la biodiversidad y armonizar la conservación con las necesidades humanas promoviendo y apoyando alternativas productivas sostenibles.
Frente a la prohibición basada en la sentencia y los daños que puede causar la pesca deportiva en los ecosistemas, la WWF radicó ante la Corte Constitucional un escrito de Amicus Curiae, una figura legal que es utilizada con frecuencia por la Corte para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, solicitando opiniones a universidades, juristas reconocidos, instituciones de derecho público y particulares.
En el documento radicado por la organización es claro el papel que juega la pesca deportiva en el desarrollo de proyectos productivos amigables con el medio ambiente en zonas que han sido afectadas por el conflicto armado y las graves consecuencias que traería la prohibición de esta
actividad, que es una alternativa legal que han encontrado las diferentes comunidades para su sustento. (Le puede interesar: Perú establecerá red contra enfermedades en animales silvestres)
En el texto “La WWF hace un llamado respetuoso para que la Corte mesure su posición de prohibir tajantemente la pesca y considere una reglamentación dentro de los lineamientos técnicos, científicos y ambientales teniendo en cuenta la resolución 0549 de 18 de marzo de
2022 de la AUNAP, toda vez que el impacto socioeconómico y ambiental de la prohibición sería catastrófico”. Además, la organización resalta que el viene “trabajando con organizaciones étnicas, sociales y campesinas promoviendo alternativas productivas consistente con la ofertaambiental de los ecosistemas de la Amazonía, el Pacífico y la Orinoquía. Por eso, se une al llamado de la FAO que considera que la pesca deportiva puede ser un instrumento de desarrollo, podría ayudar a combatir la pobreza al incorporar a las comunidades locales a la actividad”.
Y agrega que, “El turismo que trae la pesca deportiva, artesanal y el ecoturismo constituyen la fuente de sustento para las comunidades locales y en muchas zonas del país, son los pescadores deportivos los proveedores de información del estado de los ecosistemas y los promotores del ecoturismo en las regiones”.
El texto ha sido bien recibido por las comunidades y operadores que viven de la pesca deportiva en el país, porque es un concepto que cuenta con todo el sustento técnico y jurídico para mostrar la difícil situación en la que quedarían las comunidades locales si la decisión de la corte queda en pie. Como lo establece la Ley 2268 de 2022, es necesario promover la defensa del medio ambiente sin afectar el derecho al trabajo, así como la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades.