La polvareda dejada por el desplome de Portal de Blas de Lezo II parece no disiparse. Expande su sombra de angustia y dolor. Desde el trágico colapso del edificio, quienes viven en otros de la constructora Quiroz ven un panorama turbio, oscurecido aún más el jueves 18 de enero. Ese día les dijeron que deben evacuar sus apartamentos.
Afuera de la audiencia
La sala de audiencias es tan pequeña y hay tantas personas afuera preguntándose para qué los citaron si no podrían entrar. Están desesperados. Todos gritan y hablan al tiempo. La desorganización monumental parece angustiar más a quienes esperan noticias de la suerte de sus apartamentos. “Ni se les ocurra irse para los albergues”, grita una señora. “Tu apartamento no es igual al mío, cada caso es diferente. Esto es un despelote, deberíamos estar todos adentro”, responde otra mujer.
“Yo vendí mi apartamento en Bogotá para comprar otro acá de contado, porque soñaba con vivir en Cartagena. Le pagué 115 millones de pesos a Wilfran Quiroz y ahora, mire, a dónde me voy, si ese era el patrimonio familiar. No tengo plata”, me cuenta doña Ángela Barón. No se resigna a perder todo. El jueves en la noche, la mala noticia la tomó por sorpresa: debía salir de su apartamento en Portal de Los Caracoles I. Ella y todos los ocupantes de 16 construcciones de los Quiroz como Brisas de Blas de Lezo, Portales de Los Alpes, Brisas de Los Alpes, Villa May, Brisas de La Castellana, Villa Ana, Calipso Tower, entre otros. Nada más y nada menos que 108 familias, 709 personas angustiadas y en peligro.
“Llegaron a sacarnos como delincuentes, iban a llevarnos a unos albergues, a dormir en colchonetas, en el piso. Finalmente no pasó pero hoy estamos aquí, reclamando nuestros derechos”, se escucha, entre el bullicio, afuera de la sala de audiencias, en la plaza Benkos Biohó.
Sobresale una voz que calla a otras: “Que seas tú, Señor, el juez, el abogado, te lo pedimos, solo tú puedes dar sabiduría a los que tienen la investigación, que ellos tomen una decisión acertada”. Al cabo de unos minutos, la plegaría misma muere opacada por decenas de voces angustiadas.
“Estaba rezando en el balcón cuando llegó la Policía al edificio. Fue impresionante. Ese apartamento es parte de mis ahorros, de una herencia de mis papás. Lo compré de contado e invertí para modificarlo, en total cuesta $300 millones. Tengo cinco años viviendo ahí”, relata Miriam Hoyos, al borde del llanto.
Ana Catalina Cárdenas, su vecina y dueña de otro apartamento hecho por los Quiroz, también aguarda en la plaza por la audiencia. “En este momento los predios nuestros en la Oficina de Instrumentos Públicos, ni siquiera existen, la ficha catastral la mandaron a borrar. Los bancos quieren les sigamos pagando los préstamos, pero yo no seguiré pagando hasta no tener claro qué va a pasar. Debo entre $50 y $70 millones”, se lamenta.
Muchos lamentos
La mañana de este viernes es de alboroto en la plaza. Adentro, Yuris Ponce, Juez Tercera Penal con Función de Control de Garantías, pasa lista, escucha alegatos de abogados, en una audiencia preliminar de medidas de protección. Afuera, late la preocupación por la orden de evacuación de edificios de los Quiroz. La gente se lamenta, todos culpan al Distrito de todo el infierno que hoy quema sus sueños.
-Por favor, todos los propietarios de apartamentos anoten sus celulares en la lista para crear un grupo de WhatsApp, así poder citar a reuniones y compartir información. -Se escucha por megáfono.
Quizá para consolar, el personero William Mattson, quien acaba de llegar a esa plaza, habla con algunos afectados. “Si me dicen hoy que tengo que salir de mi apartamento, les garantizo que me da un infarto ahí mismo. Se me sube la presión”, exclama. Y comienza a hablar sobre los millonarios préstamos de los afectados, que deben a los bancos esta vida y la otra, por propiedades que ahora tienen que evacuar.
“Ese tiene que ser un crédito sano y ustedes han adquirido un crédito envenenado. No tienen que seguir pagando ese crédito y así lo vamos a solicitar como medida cautelar, con una acción de grupo”, les dice.
-Y los que compramos de contado, ¿qué?, interrumpe la señora Ángela Barón. No hay respuesta clara sobre eso. ¿Quién le devolverá el dinero? Ella no lo sabe.
Surgen más y más lamentos. “Ya nosotros pasamos por esto mismo, somos de Portal de Blas de Lezo I, nos sacaron hace cuatro meses, sentimos que no hemos tenido solución de fondo. Nos han dado una especie de subsidio de arriendo, hemos tenido que pelear fuertemente con la Alcaldía, para que sea ajustado a las condiciones que nosotros teníamos”, refiere una mujer. Ella prefiere no decir su nombre.
Incrédulos
Otra voz se escucha fuerte en la plaza, habla con medios de comunicación nacionales y locales. Es la de Robinson Villadiego. Se representa legalmente a sí mismo y a los dueños de Alpes 31. “El informe de un mismo edificio arranca hablando de Portales de Los Alpes, luego se refiere a Brisas de Los Alpes y después habla de Alpes 31, donde vivo. Qué credibilidad le puedo dar a una información que parece un copy paste. Habla de unas columnas de 40 por 40 centímetros y las columnas de nuestro edificio no miden eso”, afirma. Esta mañana, en la plaza Benkos Biohó varios cuestionan los estudios de la Universidad de Cartagena a las estructuras de las construcciones de los Quiroz.
“El informe tiene una cantidad de errores. Dice que mi edificio tiene seis pisos, zona social, parqueadero y azotea, pero no es así”, comenta otra persona.
El informe de los estudios prendió la alarma de inminente riesgo de colapso de los 16 edificios. La Fiscalía pidió al alcalde Sergio Londoño actuar, el mandatario atendió recomendaciones, declarando calamidad pública y ordenando evacuar los apartamentos. Algunas familias sacaban sus pertenencias voluntariamente, otras se negaban a irse.
Portal de Blas de Lezo II se derrumbó el 27 de abril de 2017. Dejó 21 obreros muertos, varios más heridos y destapó una red de corrupción en el sector de la construcción en Cartagena. “Los culpables de esto tienen casa por cárcel y ahora nosotros tenemos que ser desalojados sin tener una planeación y no vamos a tener ni casa”, dice una de las tantas personas que se niegan a salir de sus propiedades.
“Que esto nos sirva para quitar a Cartagena de las garras de la corrupción”, decía, mientras tanto, el alcalde Londoño en una transmisión de Facebook.
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