Todo parece indicar que, tras la condena de 21 años y 9 meses contra el excapitán de la Armada Raúl Danilo Romero Pabón, la Fiscalía General de la Nación pedirá que sea trasladado a una cárcel común. En este momento el condenado está internado en una prisión donde recluyen a funcionarios públicos: la cárcel de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico.
La condena contra Romero se dio a conocer en una audiencia que se hizo el 16 de octubre pasado; y fue proferida por el juez Primero Penal del Circuito, Freddy Machado.
Una investigación del diario El Espectador dio a conocer segmentos de los argumentos esbozados por las partes en esa diligencia. Una de las cosas más connotadas fue lo mencionado por el mismo Raúl Romero, quien indicó que se retractaba de haber aceptado cargos en la audiencia de imputación de cargos porque, según él, la fiscal del caso lo habría presionado.
“Es mi intención retractarme del allanamiento de cargos, porque el día que me allané -insistió el excapitán- estaba bajo la presión de la señora fiscal, toda vez que ella representa los intereses de la Armada Nacional. Es familiar de una persona que trabajó conmigo, con la que hubo diferencias. Estaba presionado también por el abogado que me representó en su momento, Manuel Maturana Rodríguez, quien trabaja para el Fondo de Asistencia Jurídica de la Armada (Fajarc) y, junto a la fiscal, me indujeron a un error. Inclusive, la fiscal mandó razones al centro donde estoy recluido y se mantuvieron en la promesa de que no iba a pagar más de siete años físicos por aceptar cargos”.
El informe deja ver que la representante del ente acusador se mostró asombrada y calificó lo dicho por Romero como un argumento cobarde, y que se estaba valiendo de mentiras.
“En ningún momento tuve comunicación con Romero antes de que se allanara a cargos. Se acercó a mí llorando, pidiéndome perdón en nombre de todas las mujeres de Colombia por las groserías que había cometido. Me dijo que su deseo era aceptar cargos con la única condición de que no se mostraran los videos ni los audios con los que contaba la Fiscalía”, dijo la fiscal en la audiencia.
El abogado que representó a las víctimas, ElkinCastaño, apoyó lo dicho por la fiscal e indicó que Romero había aceptado los cargos voluntariamente. Explicó que este había firmado un oficio con su puño y letra en el cual indicaba que aceptaba los cargos de manera libre y voluntaria.
La fiscal señaló que le parecía poco ético que el procesado se estuviera valiendo de mentiras para tratar de salvarse del peso de la justicia
El juez machado indicó que, por una visión machista, el caso del excapitán no había tenido el mismo despliegue en los medios ni relevancia que el caso de la Madame, otra de las capturadas en la operación Vesta.
Dejó ver que el caso era grave porque las víctimas eran menores y por ello exhortó a la Alcaldía de Cartagena a buscar las medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes.
El excapitán presentó un recurso por la supuesta presión de la que hablaba y este será resuelto en una audiencia. Este recurso será apelado por la Fiscalía.
Hay que recordar que de forma paralela se llevaban los procesos contra un joven de 19 años señalado por la Fiscalía de tatuar a las víctimas del excapitán. También a una joven que, presuntamente, le conseguía víctimas a Romero.
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