Por la cantidad de casos y el rango de edades de las víctimas, llama poderosamente la atención las capturas que realizaron las autoridades en un procedimiento en el municipio de Marialabaja.
Allí, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía Seccional Bolívar, atraparon a un hombre y una mujer, señalados de estar relacionados con violaciones seriales a menores de edad.
La situación es impactante, pues a la pareja la investigan por los abusos y vejaciones que sufrieron 12 menores en distintos puntos del norte de Bolívar.
Los capturados son Yoni Alcibar Bahos Vásquez y Liliana Marcela Viana Rico, quienes cayeron en medio de dos diligencias de allanamiento en Marialabaja.
Una investigación de cuatro meses
Tras tener en conocimiento las denuncias de varias violaciones de menores, los efectivos del CTI empezaron a atar cabos, a unir piezas y concordancias entre cada uno de los sucesos.
La investigación fue liderada por el Fiscal Seccional Primero CAIVAS (Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de delitos Sexuales).
Durante cuatro meses, la Fiscalía realizó la investigación, apoyada por la sala telemática y del Centro Estratégico de Valoración Probatoria CEVAP.
Fue así como se identificaron a 12 víctimas de delitos sexuales. Los abusos fueron perpetrados por un hombre que seleccionaba a las víctimas y cercaba a través de ofrecimientos de dinero y engaños, para luego accederlas sexualmente.
“Las víctimas eran perfiladas por estar en edad escolar, situación económica y en algunos casos intermediando con una reclutadora”.
Tras las indagaciones, la Fiscalía obtuvo ante un juez de Garantías órdenes de capturas contra Yoni Alcibar Bahos Vásquez y Liliana Marcela Viana Rico, por su supuesta participación en estos hechos delictivos.
Fue así como los atraparon en Marialabaja. En medio del allanamiento, a Yoni le encontraron una pistola de fogueo metálica que, presuntamente, habría utilizado para intimidar a las víctimas.
El hombre y la mujer fueron capturados y ayer serían presentados en audiencia pública ante un juez con funciones de Control de Garantías, quien definiría sus situaciones jurídicas.
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