La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República para que regule el tiempo límite en el cual las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), deben realizar el procedimiento de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).
Al estudiar una tutela, la Corte indicó que el personal médico debe tener claridad sobre el tema, a fin que no objete conciencia cuando deba cumplir con este procedimiento en los tres casos que está permitido.
“A efectos de que todos los sujetos que puedan llegar a verse involucrados en este tipo de asuntos cuenten con reglas claras a las cuales adecuar su conducta, la sala estima necesario instar al Congreso de la República para que, luego de un debate democrático y ponderado en el órgano de representación popular, explicar la regulación referente al establecimiento de un término máximo para el trámite de estudio y aprobación de las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo que se formulen ante las empresas promotoras de servicios de salud, y la definición de si hay lugar a prever la existencia de una limitación temporal para la práctica de este tipo de procedimientos”, señaló la Corte.
El pronunciamiento se dio a la hora de estudiar el caso de un médico que se negó a practicar un procedimiento de estos, porque la paciente tenía siete meses de gestación, argumentando que era contrario a su ética.
La Corte indicó que en este caso la objeción de conciencia no fue arbitraria, pues tenía argumentos razonables debido al avanzado estado del embarazo, por lo cual se entiende que en estos casos sí es posible que los médicos se nieguen.
En efecto, las consideraciones formuladas por el personal médico no se muestran como arbitrarias, desproporcionadas o irrazonables, sino que se encuentran debidamente soportadas en realidades científicas, como que en el caso de embarazos con estados de gestación muy avanzados, se está en frente a fetos desarrollados que en principio, tendrían posibilidades de sobrevivir de manera autónoma por fuera del vientre de la mujer”, señala la sentencia.
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