La juez que debe resolver el crimen del director de regalías en Córdoba, Jairo Zapa Pérez, ocurrido el 27 de marzo de 2014, dijo que ese proceso no tolera más dilaciones, pues una audiencia preparatoria que debía tardar 72 horas, lleva 19 meses.
Esa fue la respuesta que entregó a una nueva solicitud hecha por el confeso asesino de Zapa, el desmovilizado Joicer Hernández, quien pidió aplazarla, aduciendo que no está satisfecho con el abogado de oficio y que quiere que lo asista uno de su absoluta confianza.
La audiencia preparatoria del juicio comenzó el 16 de diciembre de 2015 y desde entonces han surgido múltiples inconvenientes: incapacidad de abogados, cambio de abogados, resolucón de solicitudes hechas por la misma Fiscalía, que habían impedido continuar con la misma.
En la diligencia de este miércoles no se hizo presente Hernández, quien envió una carta en la que señala que no asistiría a la audiencia preparatoria. También lo hizo su compañera sentimental, Zuath Naudú López, quien se presentaría en video conferencia desde Santa Marta.
Otros dos de los funcionarios investigados en el proceso, Jesús Henao Sarmiento, sindicado por Joicer de ser el autor intelectual, y Maximiliano García Bazanta, segundo al mando en la Dirección de Regalías de Córdoba, asisten por videoconferencia desde Bogotá.
Revelan pruebas
El fiscal 48 de derechos humanos, Carlos Pión Mayorga, mostrará en el transcurso de la audiencia 66 pruebas que a su juicio permiten aclarar las circunstancias en las que fue asesinado el funcionario de la Gobernación de Córdoba, cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de zona rural de Pueblo Nuevo, cuatro meses después de su desaparición y crimen.
El funcionario indicó que se debe aclarar el hecho para que la justicia cumpla con su papel y confirmó que efectivamente hay un preacuerdo suscrito con la persona que reconoció haber estrangulado a Zapa, quien ha solicitado beneficios a cambio de contar algunas verdades en torno a uno de los crímenes que más ha conmocionado a la comunidad cordobesa.
La audiencia se prolongará hasta el próximo viernes, tiempo en el cual la Fiscalía habrá mostrado todas las pruebas que tiene para esclarecer el crimen.
Esposa rompió silencio
Luego de dos años de silencio, la esposa del asesinado funcionario de regalías, María Isabel Valencia, pidió a las autoridades colombianas que ese crimen sea declarado de lesa humanidad e insistió en que el hecho fue planeado fríamente por políticos de Córdoba.
En una carta de 10 página que mandó desde el exilio, donde trata de empezar una nueva vida junto a sus cuatro hijos de 10, 7 y las gemelas de 6 años, dijo que su esposo sólo trabajó en la fase de planeación de los proyectos que la Gobernación de Córdoba financiaría en la región y, por ende, solicitó el dinero para su ejecución unos días antes de su desaparición.
"Para aquel entonces el gobernador, Alejandro Lyons, designó a mi esposo como responsable directo de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, supuestamente para que agilizara los trámites de los convenios, porque veía en él a un funcionario muy eficiente”, indicó la viuda, aduciendo que después de esa designación lo notó muy tenso hasta el punto que le confesó que tenía ganas de renunciar porque las decisiones políticas acababan con las técnicas.
Reiteró que Zapa había descubierto que dicha responsabilidad lo había puesto en problemas porque los beneficiarios de los convenios de ciencia, tecnología e innovación incumplían los compromisos pactados en dichos proyectos y que las cuantías presupuestales eran enormes. "Entonces él creó una interventoría con entidades técnicas y académicas para realizar un seguimiento minucioso a dichos proyectos, lo que molestó a los beneficiarios de esos convenios”, señaló.
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