La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado a las autoridades colombianas para que tomen medidas urgentes para proteger la vida de 2.400 personas que habitan en el municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar.
Este llamado fue hecho por la Defensoría Regional del Magdalena Medio, en el que se denuncia la forma en que la minería ejercida irresponsablemente por los habitantes del corregimiento Mina Santa Cruz, está comenzando a afectar sus viviendas e incluso ha derribado ya algunas de ellas.
Durante una visita humanitaria, realizada recientemente por la Defensoría Regional, se pudo constatar que las viviendas y calles están severamente agrietadas. De hecho, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseguró que “algunas edificaciones incluso ya colapsaron”, y recordó el episodio del año pasado en que los salones de los niños de preescolar y primero de primaria de la institución educativa Simón Bolívar se derrumbaron.
La gravedad de esta denuncia radica en que un informe del Comité de Prevención de Desastres de la Gobernación de Bolívar, en conjunto con un geólogo de la Secretaría de Minas de la Gobernación, estableció que las fallas se deben a los socavones que la misma comunidad ha abierto para la explotación minera.
Según este informe, algunos huecos alcanzan los cinco metros de profundidad y tienen un recorrido horizontal que supera los 10 metros. A ellos ingresan hombres sin cascos, usando solo camisetas y descalzos o con chancletas, todo esto sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad establecidas por las autoridades.
Todo esto lo hacen a través de sogas o por escaleras rústicas hechas con troncos talados en la zona. A medida que abren la tierra, dejan soportes improvisados de madera, a pesar de que se ha comprobado que esto no garantiza la estabilidad de la excavación.
Estos huecos desgastan y acaban los cimientos de las construcciones, lo cual termina poniendo en riesgo a las familias de los trabajadores. La excavación minera en esta zona ha llevado a los mismos habitantes a denominar la loma donde viven como “la montaña hueca”, a fuerza de la actividad a que dedican su vida.
ALERTA A AUTORIDADES REGIONALES
La Defensoría del Pueblo Regional del Magdalena Medio envió requerimientos al Ministerio de Minas y Energía, a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Barranco de Loba para que se haga la reubicación de las 2.400 personas afectadas por estos socavones, con lo cual aseguró que “se evitaría una catástrofe de incalculables proporciones”.
Ante esto, el alcalde del Municipio, Manuel Esteban Ramos, aseguró que allí existe un lote para hacer efectivo el traslado de los mineros ilegales y sus familias, pero “por ahora no contamos con presupuesto para ello”.
Mientras tanto, la población del Corregimiento conformó un comité de mineros artesanales, con títulos legales para la extracción de oro, con el que han logrado construir un puesto de salud, una sede social y adquirir lo que decidieron llamar una ‘chalupa ambulancia’. A pesar de esto, la población continúa en riesgo por cuenta de la minería ilegalmente ejercida.
DAÑOS AMBIENTALES POR EXCAVACIÓN
La Defensoría Regional también llamó la atención a los pobladores de la zona y a las autoridades regionales y nacionales por la afectación al ambiente que se está generando en esa región de Bolívar.
Allí existen siete retroexcavadoras, cuyos dueños no son conocidos, las cuales al ser trasladadas al casco urbano del corregimiento han generado daños permanentes, puesto que para extraer de 15 a 30 gramos de oro, es necesario remover una tonelada de tierra.
Esto ha generado no solo destrucción de la capa vegetal del terreno, sino también que los socavones abandonados se llenes de agua empozada en donde prolifera el mosquito anopheles, portador del virus de la malaria.
La minería ilegal también ha dejado falta de agua potable en la zona, que cada vez es más escasa debido a la infiltración de químicos como el mercurio y el cianuro que se usan para separar las partículas de oro del resto de la tierra removida.
TEMOR POR LOS GRUPOS ARMADOS ILEGALES
La población ha manifestado su temor por la llegada de grupos armados ilegales, especialmente en lo que se refiere a las denominadas bandas criminales, que rondan por la zona y tienen fuertes intereses en la explotación aurífera ilegal.
Por esta razón, la Defensoría también solicitó al Comandante de la policía de Bolívar, el coronel Rafael Restrepo, así como al comandante de la segunda División del Ejército Nacional, el brigadier general Fernando Pineda, adoptar las medidas de seguridad pertinentes en el mencionado corregimiento, para prevenir la influencia de estos grupos.
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