La Fiscalía General de la Nación fue notificada de una presunta irregularidad que se estaría presentando en el único parqueadero de Montería autorizado para guardar los vehículos que tienen embargos.
Así lo indicó el director ejecutivo seccional de administración judicial, Alfonso de la Espriella Burgos, quien señaló que el hecho de movilizar un vehículo sobre el cual pesa una medida cautelar de embargo, sin el consentimiento del funcionario judicial que la decretó, puede constituir un delito.
La investigación formal se inició luego de la denuncia hecha por Jhon Montalvo, empresario del transporte, quien vio una camioneta de su propiedad parqueada en un edificio al norte de Montería, la cual estaría siendo utilizada por un miembro de la Policía.
Se refería a la Kía, de color blaco, identificada con la placa GNN 366, la cual debía estar en el parqueadero toda vez que sobre la misma había un proceso de embargo a su anterior dueño, pues pese a que tiene todos los documentos en regla de la compra, no había alcanzado a hacer el traspaso.
De la Espriella notificó formalmente del hecho al representante legal de la firma Administramos Jurídicos SAS, José Odair Gómez Olarte, que es el único parqueadero autorizado para este tipo de procesos, emanados de los despachos judiciales.
La fotografía fue tomada en el edificio por el mismo dueño del vehículo, quien aseguró que una vez hizo la denuncia ante los medios de comunicación, nuevamente fue llevada al parqueadero oficial, ubicado en plena zona céntrica de la capital. Sin embargo, el representante legal fue requerido para entregar datos sobre la ubicación exacta y el estado actual del mismo, así como las explicaciones sobre la salida del vehículo a las calles de Montería.
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