Una nueva investigación iniciarán los órganos de control en la Secretaría de Educación de Montería, luego de una denuncia hecha por el líder sindical Olimpo Anaya Caraballo, quien sostuvo que más de 2 mil millones de pesos girados desde el Ministerio de Educación para el pago de acreencias de trabajadores habrían sido desviados en el año 2014.
Sostuvo que por esa razón se han visto afectados 370 trabajadores del sector educativo, a quienes debían pagarles la homologación de los cargos, la nivelación salarial, la prima semestral, técnica y de antigüedad.
Aseguró que los recursos fueron girados a finales de 2013 y principios de 2014 sin que hasta el momento hayan llegado a las cuentas de los beneficiarios, situación que fue pues en conocimiento de la Fiscalía, pues no se sabe dónde está esa plata.
Denunció casos puntuales como el de Calixto Blanquiceth, quien desde el 2010 fue desvinculado de la administración y en las resoluciones con que se autoriza el pago de prima semestral y la prima de antigüedad, le relacionaron sus derechos laborales por una suma cercana a los 30 millones de pesos y nunca se las cancelaron.
También dijo que una situación similar le ocurrió a Lozano Fariño, a quien le hicieron un pago de 107 millones de pesos y nunca le entregaron su soporte, pero que en el marco de la investigación se logró establecer que en la resolución se establecía un monto de 211 millones de pesos.
Se pronuncia Secretario de Educación
El secretario de Educación de Montería, Ricardo Madera, dijo que no se pueden hacer señalamientos dañando el buen nombre de una entidad, sin el debido soporte jurídico y que efectivamente los pagos se hicieron con todos los soportes legales.
“En el caso puntual de los componentes del año 2014 que se pagaron efectivamente, no son excepción, se pagaron con el auspicio del Ministerio de Educación a través de una plataforma que es con la que manejamos la nómina, un sistema de información que se llama Humano, en el cual también el Ministerio ejerce vigilancia", señaló el funcionario.
Agregó que después de esos pagos han tenido procesos de auditoría por organismo de control, en los cuales no se ha observado ningún tipo de irregularidad. "Por supuesto estamos abiertos al escrutinio de la opinión pública, organismos pertinentes pero yo sí hago un llamado al señor Olimpo, a las directivas Sintradecor, a la mesura y a la responsabilidad en las afirmaciones que hacen", reiteró.
Aclaró además que el acto administrativo establece un listado de funcionarios y un valor a reconocer y que los pagos están sujetos a unas deducciones de ley que podrían ser los aportes parafiscales o retenciones de ley y por ello es necesario detallar cada caso en particular.
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