La Defensoría del Pueblo denunció la grave situación en la que se encuentran los habitantes del sur de Córdoba, especialmente en el municipio de San José de Uré, donde continúan los desplazamientos debido a los combates de grupos armados ilegales y al incremento de homicidios.
Indicaron que las regionales de Antioquia y Córdoba y las Delegadas para los Derechos de la Población Desplazada y el Sistema de Alertas Tempranas, han hecho un continuo seguimiento a la situación de riesgo de desplazamiento y afectaciones a los procesos de exigibilidad de derechos en esa región, en donde se han presentado varios hechos de violencia.
Dentro de las causas citan los combates entre grupos armados ilegales posdesmovilización de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, conocidos también como ‘Los Caparrapos’, en Tarazá, Cáceres, Caucasia, Ituango y San José de Uré.
Señalan que en medio de esta situación han ocurrido 10 desplazamientos masivos, se han incrementado los índices de homicidios, se ha restringido la movilidad de la población, se encuentran en situación de confinamiento varias comunidades campesinas e indígenas y se han presentado intimidaciones generalizadas con la aparición de panfletos amenazantes.
En la zona se han identificado 732 familias, integradas por 2.192 personas, desplazadas desde el 18 de enero al 9 de marzo de 2018, se han reportado se reportaron seis crímenes en San José de Uré hasta el día 15 de marzo de 2018, de los cuales cuatro de las víctimas eran representantes de comunidades o líderes comunitarios.
Reportan además alto riesgo para las comunidades del pueblo Zenú y Embera Katío en San José de Uré, Caucasia, Tarazá e Ituango y el crimen de dos presidentes de Juntas de Acción Comunal y la persistencia en el tiempo de la situación de riesgo.
Reiteraron que se han presentado dificultades como la falta de recursos y la coordinación entre las Alcaldías, las Gobernaciones y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para la atención de los desplazamientos, la prevención de violaciones a los Derechos Humanos y las garantías para el retorno.
Finalmente, la Defensoría señaló que la dimensión de la crisis humanitaria y de los riesgos en estas subregiones exige que se refuerce la intervención del Gobierno Nacional en apoyo a los entes territoriales, de manera que se garanticen los derechos fundamentales al mínimo vital para la población desplazada forzadamente y confinada, así como acciones efectivas de prevención al desplazamiento forzado y de protección de los derechos fundamentales a la vida, libertad e integridad personal.
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