El abogado cordobés Álvaro Burgos del Toro, quien sería escuchado por la Corte Suprema de Justicia en torno a unas denuncias en contra del senador Armando Benedetti, renunció al principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía y dijo que fue engañado por esta.
En sus declaraciones había 'salpicado' al congresista al señalar que habría recibido dinero del desfalco que hicieron abogados, jueces y funcionarios de Córdoba al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. Sin embargo, en una carta enviada a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitó que no sea tenida en cuenta la declaración que rindió en días pasados.
El jurista de Lorica fue trasladado por miembros del Inpec trasladaron a Burgos desde la cárcel nacional Las Mercedes de Montería hasta Bogotá, bajo estrictas medidas de seguridad y fue dejado en la cárcel La Picota, mientras se adelantan los procedimientos correspondientes. También se habla de alejarlo de Montería para garantizar su seguridad.
Hay que recordar que Burgos había firmado un principio de oportunidad y se comprometió a colaborar con la justicia que lo investiga por los delitos de falsedad ideológica y material en documento público, falsedad material en documento privado, prevaricato por acción y peculado por apropiación, pero en las últimas horas dijo que había sido engañado por la Fiscalía y que no aceptará los términos puesto que no obtiene ningún tipo de beneficio y no le cumplieron con su solicitud para recobrar la libertad.
Su declaración en contra de Benedetti era clave. El congresista terminó implicado en el escándalo luego que el abogado Jaime Agámez Pineda, muerto recientemente de un infarto, señalara a las autoridades que por medio del exvicepresidente del Fondo del Magisterio, Jorge Peralta, el senador Benedetti recibió el 37 por ciento de los desembolsos autorizados ilegalmente por un juzgado de Lorica.
Después de eso fue mencionado una vez más por Burgos, quien dijo que el congresista, contratistas y funcionarios habrían tenido una participación en la repartición de los millonarios contratos.
Esa versión fue entregada por el fiscal Néstor Humberto Martínez a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y Burgos sería escuchado en calidad de testigo clave en el proceso para determinar la situación del senador del partido de la U, pero todo eso se cayó con su decisión de no hablar al respecto.
El jurista de Lorica, quien fue capturado en octubre de 2015, habría participado en la tramitación irregular de varios procesos ejecutivos laborales en la que abogados presentaban las demandas con poderes falsos y resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación de Córdoba para apropiarse de por lo menos 400 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.
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