Los abogados encargados de la defensa de las comunidades que habitan cerca de Cerro Matoso, la mina de níquel en Córdoba, solicitarán medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque pese a que existe un fallo debidamente notificado y ejecutoriado, en el que se exige a la mina indemnizar a la población afectada, aún no se le ha dado cumplimiento.
De acuerdo con lo señalado por Javier de la Hoz, abogado de la firma demandante, básicamente las comunidades están preocupadas porque los directivos de la compañía vienen señalando en la zona que tienen mayoría en la Corte Constitucional, organismo que está a punto de resolver una solicitud de nulidad hecha por Cerro Matoso, luego del fallo que les ordenara indemnizar a las víctimas y tramitar una nueva licencia.
Aclaró que siguen confiando en los magistrados de la Corte, pero insiste en que la comunidad debe estar atenta ante una situación que fue desnudada por la misma institución judicial y que puso en evidencia las graves fallas que estaba cometiendo la explotadora de níquel.
De la Hoz reiteró que la llamada licencia ambiental de Cerro Matoso no se ajusta a los estándares constitucionales, no establecieron las áreas de explotación y la compañía llegó a operar con papeles de emisiones atmosféricas vencidos, datos que han sido obtenidos de los mismos documentos aportados por la compañía.
Reveló que esos mismos estudios, pagados por la compañía niquelera, permitieron conocer los niveles de níquel y cadnio en la sangre de las personas que habitan cerca de la mina, los cuales han ocasionado enfermedades y muerte.
El fallo de la Corte en contra de Cerro Matoso obliga a la mina a indemnizar a más de tres mil personas que han sufrido afectaciones de salud por las malas prácticas hechas por la mina a cielo abierto más grande de Córdoba.
El abogado dijo que lo único que preocupa a Cerro Matoso es la afectación económica que podría sufrir, pero advierte que no es cierto que el cumplimiento del fallo ponga en vilo su permanencia en el departamento de Córdoba. "No veo impacto fiscal en una compañía que genera 750 mil dolares al día, solo para sus socios extranjeros, no entiendo por qué dicen que se va a cerrar, ellos fueron los que causaron el daño a la comunidad por no ajustarse a los estándares actuales", reiteró.
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