La dificultad para abrir las pruebas que la Fiscalía entregó a los abogados defensores de los seis implicados en la desaparición y crimen del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez, tiene paralizada la audiencia preparatoria del juicio.
Los juristas insisten en que el material probatorio entregado por el fiscal 48 de derechos humanos, Carlos Pión Mayorca, no se pueden abrir y por ello un grupo de ingenieros de sistemas trabaja en la misión de volverlos visibles.
El abogado defensor de Jesús Henao, sindicado de ser el autor intelectual del crimen de Zapa, Marlon Díaz, dijo que para abrir los archivos digitales se necesita un sofware que vale 24 millones de pesos y que por ser tantos, no han tenido tiempo de analizarlos todos.
En ese mismo sentido se pronunció Juan José Landínez, abogado del confeso homicida Joicer Hernández, quien dijo que solo en enero le entregaron más de dos mil folios y que ni el propio ingeniero de la Fiscalía pudo abrirlos, razón por la cual le pidieron al organismo acusador revelar las pruebas en audiencia para poder ejercer el derecho a la defensa.
Entretanto, el abogado Arturo González, representante de Zuat Naidú López, alias ‘La Mona’, compañera sentimental de Joicer Hernández, dijo que la Fiscalía es la única responsable del cuello de botella del proceso y que el recelo desbordado ha hecho que no tengan acceso a las pruebas digitales.
De igual manera, el abogado Guillermo Álvarez Machacón, apoderado de Maximiliano García Bazanta, segundo al mando en la oficina de Regalías, argumentó que con esa excesiva seguridad de los elementos materiales probatorios, no pueden garantizar el derecho a la defensa.
La única que hizo un pronunciamiento diferente fue la abogada de las víctimas, Claudia Durán Garzón, quien señaló que no se ha violado ningún derecho y que en algunos casos los juristas llegaron a reclamar las pruebas nueve meses después.
Finalmente, el fiscal 48, Carlos Pión, dijo que las pruebas fueron entregadas a los defensores y que las medidas de seguridad no se pueden levantar porque si se deja la evidencia abierta cualquier toque puede cambiar las características del archivo. “Las normas obligan a conservar la cadena de custodia y no se justifica que después de seis meses los defensores digan que la Fiscalía no entregó las pruebas completas”, puntualizó.
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