La Corte Constitucional revocó el fallo del Juzgado Regional del Circuito de Chinú que otorgó la libertad al médico y dirigente político del resguardo indígena Zenú, Pedro Cesar Pestana, luego que este promoviera una acción de tutela, indicando que había cumplido su tiempo de reclusión en una cárcel indígena.
En una decisión firmada por los magistrados Miriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza dejan sin efecto las decisiones judiciales, tanto del Juzgado de Chinú como del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, a través de los cuales se concedió la libertad inmediata e incondicional, por pena cumplida.
Como se recordará, el médico Pedro Pestana y el administrador de empresas Jesús Martínez Martínez fueron acusados de concierto para delinquir y de tener nexos con grupos al margen de la ley que operaban en la zona del resguardo indígena y fueron condenados a seis años de prisión. Sin embargo, adujeron que por ser miembros de la etnia Zenú y por pertenecer al Resguardo de San Andrés debían pagar su pena en un centro de reclusión indígena , bajo el cuidado y vigilancia de los miembros de ellos.
Una vez cumplido el tiempo de la condena, los dos implicados instauraron varias acciines legales tendientes a recuperar su libertad, entre ellas una acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario, Inpec, y contra el Resguardo Indígena pidiendo la libertad.
La decisión fue amparada por un Juzgado de Chinú y luego refrendada por el Tribunal en Bogotá y ambos profesionales quedaron en libertad, pero la decisión fue impugana y la acción de tutela revisada por la Corte Constitucional.
En el fallo los magistrados sostienen que no desconocen los derechos de las minorías éticas, pero advierten que hay que cumplir un mínimo de requisitos para acceder a los mismos y que en el caso de Pestana y Martínez estos utilizaron indebidamente a la etnia para su beneficio.
También estabecen en el fallo que el tiempo pagado en un centro de reclusión indígena, en ese caso, no tiene ninguna validez para la justicia ordinaria y que por ello deciden revocar el fallo que les concede la libertad y los conminan a pagar su pena en una cárcel de este país.
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