Córdoba se ha convertido en uno de los departamentos del país donde hay mayor número de denuncias de falsos afectados por el conflicto armado.
De las 2.800 denuncias que hay en Colombia, 560 son de Córdoba, lo cual equivale al 20% de los casos.
La advertencia fue hecha por la coordinadora del grupo de defensa judicial de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, Claudia Aristizábal, quien indicó que son las mismas víctimas las que deben convertirse en veedores del proceso para evitar que otros se aprovechen y saquen ventaja de los beneficios que el Estado paga por su condición de la siguiente manera: si es por homicidio de un familiar, son 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por secuestro, 30 salarios, y por desplazamiento, 27 salarios, cifra que equivale a un poco más de 16 millones de pesos.
La funcionaria advirtió que la mayoría de las falsas víctimas han sido detectadas y que cerca de 30 de ellas ahora enfrentan procesos en la Fiscalía, donde son investigadas por delitos como fraude procesal, falso testimonio y fraude de subvención.
Córdoba es uno de los territorios que más ha sufrido por el conflicto armado a través de la historia y prueba de ello es que hay reportadas 275 mil víctimas de las cuales 60 mil están en Montería.
La Unidad ha establecido, por ejemplo, que hay personas que reclaman bienes que vendieron en forma legal y sin ningún tipo de presión, con el objetivo de ganar mayores réditos económicos, también hay otros que cobran como tramitadores y un tercer grupo, al cual denominan fraude de subvenciones, que es cuando le dan mal uso a los recursos que les paga el Estado para lograr la reparación.
Con el fin de evitar que esas situaciones se repitan se inició una campaña denominada “Ojo con el fraude”, cuyo objetivo es prevenir la comisión de conductas que se conviertan en delitos.
Insistió la funcionaria que no es necesario que las víctimas acudan a ningún tipo de intermediario para acceder a sus derechos y que la Unidad está dispuesta a brindar toda la asesoría necesaria para que accedan a los bienes que les fueron despojados por los grupos al margen de la ley.
Por su parte, las mismas víctimas han venido denunciando que en Córdoba hay políticos que incitan a las personas a decir mentiras para acceder a los beneficios del Estado y que tienen testimonios que señalan que se hacen pasar por víctimas porque los han convencido que de esa manera pueden obtener dinero para sus necesidades. Dentro de esta modalidad lo que más se observa son los falsos desplazados.
CON FUERZA PÚBLICA
De otro lado, la unidad también adelantó una jornada de capacitación con la fuerza pública para que ellos se conviertan en garantes de los derechos de las víctimas.
El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Rodrigo Torres, habló de los avances logrados de manera conjunta en el departamento: “Córdoba, donde muy pocos creímos que se iba a implementar esta política de manera exitosa, hoy es el departamento con más resultados. Es algo que con orgullo podemos mostrar. Debemos resaltar que estos resultados se han logrado gracias al acompañamiento de la Fuerza Pública, especialmente de la Policía Nacional”.
El funcionario hizo un reconocimiento a la labor que los oficiales han venido desempeñando: “Quiero hacer un reconocimiento por parte de la Unidad a la manera en que la Policía del departamento ha trabajado, siendo un factor importantísimo para que estos resultados se hayan dado. Los resultados no son solamente un logro de la Unidad de Restitución de Tierras, sino un logro de muchas instituciones que ven que esta política va a permitir saldar una deuda que tenía el Estado con las víctimas del conflicto”, puntualizó.
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