Dos hombres que se movilizaban en motocicleta atentaron contra la vida del abogado Lesmer Quintero Argel, quien en un principio del proceso fue el abogado de María Isabel Valencia, esposa del asesinado director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Pérez.
De acuerdo con lo señalado por el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Jesús Díaz, el hecho se registró en la noche del martes en el corregimiento de Las Guamas, zona rural del municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba.
Explicó que el jurista se movilizaba en una camioneta de su propiedad, acompañado de su escolta, cuando se acercaron cuatro hombres a bordo de dos motocicletas y empezaron a disparar en repetidas ocasiones.
El abogado explicó a la Policía que en medio del ataque, el guardaespaldas logró reaccionar y eso amedrentó a los sicarios, quienes se fueron a toda velocidad del lugar.
El vocero policial indicó que la camioneta recibió siete impactos, pero el abogado y su guardaespaldas resultaron ilesos y se resguardaron en la estación de Policía del corregimiento de Rabolargo.
Las autoridades practicaron el examen de balística al vehículo con el fin de buscar pistas que lo lleven a establecer los responsables e iniciaron las investigaciones correspondientes con el fin de establecer los móviles.
Entretanto, Ema Quijano, prima de Jairo Zpa, dijo en su cuenta de twitter que ellos no conocen al abogado Quintero y que no tienen ningún vínculo con él. "Nunca se le vio en una audiencia y luego no quería firmarle el poder a María Isabel Valencia para contratar otro", indicó señalando que no tiene ningún vínculo con el caso. Sin embargo, fue el jurista quien tuvo que viajar a Bogotá cuando una comisión especial de seis fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Cundinamarca abrieron investigación contra Víctor Esquivia Padrón, fiscal segundo especializado de Montería, quien manejó inicialmente el caso.
El jurista viajó en calidad de apoderado de la viuda para que rindiera una versión en la Fiscalía General en Bogotá, junto a su representada, por las actuaciones del fiscal Esquivia, quien firmó un preacuerdo con Joicer Hernández, confeso asesino de Zapa, sin haber llamado al abogado Quintero, a la Procuraduría, ni a la familia de la víctima.
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