La indemnización que tendría que pagar Cerro Matoso a las familias que viven alrededor, sería del orden de los 400 millones de dólares, según indicó el abogado Javier de la Hoz, tras analizar las incidencias del fallo de la Corte Constitucional.
Las comunidades de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano han venido insistiendo en que su salud se ha deteriorado por los agentes contaminantes de la multinacional explotadora de níquel.
Denunciaron, y así lo sustentan en la demanda que suscitó el fallo, que hay nivel de níquel en los pobladores vecinos, hecho que podría ser la causa del cáncer que han padecido varios de ellos, al igual que varios trabajadores de la mina, que han fallecido.
Viviana Ruiz, gobernadora indígena, sostuvo que espera que se consolide la sentencia para que la comunidad tenga la posibilidad de acceder a los recursos de indemnización que debe pagar la empresa, pues hay mujeres que han abortado tres veces en un año, población con tumores, cáncer, deformaciones y niños que nacen sin algunas partes del cuerpo.
Como se recordará, el fallo de la Corte Constitucional se derivó luego de una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual negó el amparo, señalando que los accionantes no habían probado su legitimación, es decir, que eran representantes de las comunidades.
Ante ese fallo adverso, los abogados Abelardo de la Espriella y Javier de la Hoz pidió la revisión ante la Corte y esta se pronunció en torno a la contaminación ambiental y establece los correctivos que se deben tomar para evitar que se suspenda la actividad minera a cielo abierto.
La indemnización que señala de la Hoz incluye a siete comunidades aledañas, entre ellas la de Caña Flecha y Tornorrojo, así como a las comunidades afro de San José de Uré, a las comunidades indígenas, así como a los extrabajadores que padecen graves enfermedades.
Reiteó que Cerro Matoso violó los derechos de las comunidades indígenas porque operó durante 25 años sin licencia, desaparecieron fuentes hídricas y negaron la existencia de cabildos indígenas, tal y como está probado en el expediente.
Antecedentes del proceso
La pugna es de vieja data. Desde el 2013, el abogado monteriano Abelardo de la Espriella asumió la defensa de los pobladores que señalaban haberse enfermado por culpa de Cerro Matoso.
En ese momento un grupo de investigadores de Brasil realizaron un estudio, con la debida rigurosidad científica, con el fin de establecer si realmente los pobladores expuestos habían sufrido enfermedades como consecuencia de la explotación del mineral. En la misma participó Joao Antonio Peges del Instituto Genotox de la Universidad Federal de Río Grande y Juliana Da Silva, investigadora del laboratorio genético de la Universidad Luterana de Brasil.
También consideraron los aportes del científico cordobés Milton Quintana, quien dijo en ese momento que había indicios que permiten establecer que el níquel produce grandes daños a nivel de las estructuras genéticas y que al romper dichas estructuras, las personas que están expuestas al mineral están más propensas a sufrir de cáncer.
Los indígenas que habitan en las zonas contiguas a la mina señalaron que hay un evidente deterioro del medio ambiente y que las aguas están contaminadas, mientras que los trabajadores relataronb que hay varios casos de cáncer de piel.
El expresidente del Sindicato de Trabajadores de Cerro Matoso Luis Ochoa dijo que la Universidad de Antioquia había hecho un estudio, pero que los resultados no fueron dados a conocer por la firma de confidencialidad hecha con la explotadora del mineral.
En ese momento Cerro Matoso dijo que se habían hecho cinco estudios de vigilancia epidemiológica desde 1983 hasta el 2006 y que fueron precisamente los miembros del sindicato los que propusieron que lo hiciera el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Los resultados nunca se conocieron.
La posición de los directivos de la mina es que aún no han sido notificados formalmente del fallo y que se pronunciarán en torno al mismo, una vez se cumplan los procedimientos legales. Sin embargo, en la mina hay expectativa y temor, pues el pago de una indemnización millonaria podría generar el despido masivo de trabajadores para lograr el punto de equilibrio financiero e incluso algunos se atreven a afirmar que hasta podrían cerrar la mina.
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