La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, se convirtió en la caja menor de funcionarios inescrupulosos que hicieron de sus recursos su botín personal, pues el despilfarro asciende a 17 mil 316 millones de pesos.
Ese hallazgo fue confirmado por la Contraloría General de la República, luego de ocho meses seguimiento detallado al manejo financiero, donde se logró establecer que gastaba numerosas sumas destinadas para la salud en intermediaciones, reinados de belleza y patrocinio a equipos deportivos como Jaguares.
Los detalles fueron dados a conocer al recién posesionado Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, por parte del propio Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien señaló que hubo gastos excesivos por encima de la ley.
Señala el informe que gastaron 822 millones de pesos en publicidad con recursos públicos de la salud, pagaron 150 millones al equipo Jaguares Fútbol Club S.A., patrocinaron además el equipo de béisbol de los hermanos Rentería con 247 millones de pesos y destinaron otros 45 millones para el Reinado Nacional de la Ganadería.
La inspección a los recursos de la salud, realizada por dos abogados, dos contadores, un economista, un administrador de empresas y un ingeniero de sistemas, permitió establecer que hubo desvío de los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud, configurándose por lo tanto un detrimento patrimonial que asciende a los 14 mil 450 millones de pesos durante los años 2015, 2016 y 2017.
Excesivos gastos
Durante los tres años auditados se estableció que Comfacor administró más de un billón de pesos, pero el despilfarro de los recursos fue evidente. Durante el mismo período los gastos administrativos fueron superiores a los 119 mil 894 millones de pesos.
El ente de control advierte que tales sumas resultan excesivas si se tiene en cuenta que, como pudo verificar el equipo de la Contraloría, durante las vigencias inspeccionadas la EPS no presentó los registros contables de valores que debieron haberse registrado como gastos de administración, y que se debían separar del cálculo del indicador de cumplimiento.
También señala que luego de examinar los registros contables de los gastos administrativos efectuados con recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se estableció que los mismos no guardan relación con los fines del Sistema, que por su naturaleza tienen una destinación específica como el pago de 14.450 millones por administración delegada y auxilios extralegales de nómina por más de 2.044 millones.
"Dichos recursos fueron utilizados en beneficio de terceros privados, sin ninguna conexión con la prestación del servicio de salud y en perjuicio de los afiliados a la EPS Comfacor que vio disminuidos los recursos públicos disponibles para la administración, organización y garantía del servicio de salud", señala el contralor.
Detectaron así mismo que contrató con terceros particulares, a los que les pagó con un porcentaje de la Unidad de Pago por Capitación, para que realizaran actividades que eran única y exclusivamente obligación de esa EPS y con lo que se vieron beneficiados contratistas que recibieron recursos públicos por el desarrollo de actividades que no podían ser delegadas en ellos.
También pagó primas de vacaciones, primas extralegales, auxilios, bonificaciones, gastos de transporte, hospedaje y gastos de bienestar social, para funcionarios vinculados laboralmente al Programa de Salud, por más de 2 mil millones con recursos de salud y no con recursos propios.
Se pronuncia Comfacor
Los funcionarios interventores de Comfacor reconocieron las irregularidades y señalaron que justamente por ello, la Superintendencia del Subsidio Familiar ha adelantado múltiples denuncias penales contra la anterior administración que dirigía Luis Hoyos Cartagena.
El actual director administrativo, Néstor Miguel Murcia Bello, quien asumió el cargo en el mes de septiembre del año 2017, sostuvo que adoptó de manera inmediata medidas correctivas a situaciones encontradas tales como la contratación a terceros privados para la administración de la EPS en otros departamentos de la región Caribe, servicios de publicidad y patrocinios realizados y comprometidos por la anterior administración, los cuales en el análisis de un servicio menor fue necesario irlos finiquitando paulatinamente.
También dijo que no se pronunciará a fondo sobre el tema hasta que no haya un juicio fiscal definitivo y que las medidas adoptadas han ido cerrando causas que fueron motivos de la intervención, demostrable con cifras financieras que evidencian la reducción de los gastos de administración del programa de salud, que a junio de 2018 se ajustan al 8% sobre los ingresos por capitación exigidos por la norma.
Reiteró que los planes de choque implementados para mejorar los procesos administrativos reflejan una disminución considerable en los resultados del ejercicio, reduciendo las pérdidas en un 86% en el año 2017, año de la intervención, frente al año 2016. "El primer semestre del 2018, no ha sido ajeno a la tendencia en los resultados del ejercicio, logrando positivamente la estabilización de los costos que conllevan a la disminución de las perdidas", sostuvo finalmente.
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