La semana pasada el gerente del Fondo Adaptación, Iván Mustafá, y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, anunciaron la inversión de 10 mil millones de pesos para beneficiar a más de 500 personas que resultarán afectadas una vez entre en funcionamiento el nuevo puente Yatí – Bodega, sobre el río Magdalena.
Se aseguró que de las 18 asociaciones que derivan sus sustentos sobre la zona de influencia de esta megaobra, solo faltaban dos por definir sus proyectos para recibir capacitaciones y recursos con el fin de que siguieran en actividades productivas y no afectar sus economías.
Sin embargo, los socios, directivos y afiliados a la Cooperativa Multiactiva de Transporte de Pasajeros de Magangué- Coomultramag, que cubre la ruta Magangué- Bodega (hacia Cicuco y Mompox) y Magangué- Pinto (Magdalena), precisaron que la caída del servicio fluvial impactaría negativamente los ingresos de más de 100 familias.
Faider Torres Hernández, gerente de Coomultramag, asegura que no han tenido eco ante la firma contratista del proyecto y mucho menos ante el Gobierno Nacional representada por el Fondo Adaptación, “nos quieren medir con el mismo rasero y dar el mismo trato de cooperativas que fueron conformadas y fundadas para la época de inicio de las obras, somos una empresa sólida que por más de 50 años y de generación en generación ha construido y forjado el futuro de 5 mil personas que dependen directa e indirectamente de nuestra actividad”, precisó.
La directiva de la cooperativa de transporte fluvial Coomultramag, inició acercamientos y diálogos con el Fondo Adaptación, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Magangué, con el propósito de adelantar y consensuar una propuesta acorde con los estados financieros de la entidad, donde se refleja la viabilidad del negocio del transporte fluvial que ha adelantado la empresa en los últimos 30 años.
“Es un principio general del derecho que todo aquel que cause un daño debe repararlo, en ese sentido Coomultramag es el afectado por el daño que se está causando y que proporcional a la pérdida económica ante su inminente cierre debe ser reparada, hasta la fecha hemos recibido total negación por parte del Estado”, expresó el asesor jurídico de la cooperativa, Waldo León Menazas.
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