Un fallo del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar ordenó a la Alcaldía municipal que en 10 días debe realizar el convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (Inpec), para que traslade a las personas que están recluidas en la estación de Policía.
El documento es el resultado de una acción de tutela que interpuso la Personería de esta población, representada por Fredis García Castro, en defensa de los derechos de los 30 reclusos que están hacinados en las dos salas de reflexión.
La decisión del Juzgado también le ordena a la dirección del Inpec que dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción del convenio, proceda al traslado de los internos a los lugares que fueron dispuestos para su reclusión.
Además, concede el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud, a la familia y a la salubridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad en este municipio.
García indicó que la decisión de poner la tutela surgió luego de una visita que realizó a la estación de Policía porque los derechos fundamentales y constitucionales de los reclusos están siendo vulnerados. “Ellos deberían estar recluidos en un centro carcelario, sea cual sea su situación”.
El alcalde Rafael Gallo Paredes, quien impugnó el fallo de primera instancia, aseguró que no va a firmar el convenio con el Inpec debido a que este ente no está facultado, que esto le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
“Los alcaldes no estamos obligados a firmar esos convenios ya que la carga administrativa le corresponde al Inpec y al Ministerio de Defensa, y este no nos puede poner contra “la pared”. Si en una cárcel hay hacinamiento eso no es responsabilidad nuestra. El fallo demuestra de manera contundente que no hubo un estudio de fondo de la situación”, dijo el mandatario.
Resaltó que el Inpec debe recibir a los reclusos y no escudarse en el municipio, y decir que no hay convenio.
Un fallo del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar ordenó a la Alcaldía municipal que en 10 días debe realizar el convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad (Inpec), para que traslade a las personas que están recluidas en la estación de Policía.
El documento es el resultado de una acción de tutela que interpuso la Personería de esta población, representada por Fredis García Castro, en defensa de los derechos de los 30 reclusos que están hacinados en las dos salas de reflexión.
La decisión del Juzgado también le ordena a la dirección del Inpec que dentro de las 48 horas siguientes a la suscripción del convenio, proceda al traslado de los internos a los lugares que fueron dispuestos para su reclusión.
Además, concede el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad personal, a la salud, a la familia y a la salubridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad en este municipio.
García indicó que la decisión de poner la tutela surgió luego de una visita que realizó a la estación de Policía porque los derechos fundamentales y constitucionales de los reclusos están siendo vulnerados. “Ellos deberían estar recluidos en un centro carcelario, sea cual sea su situación”.
El alcalde Rafael Gallo Paredes, quien impugnó el fallo de primera instancia, aseguró que no va a firmar el convenio con el Inpec debido a que este ente no está facultado, que esto le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
“Los alcaldes no estamos obligados a firmar esos convenios ya que la carga administrativa le corresponde al Inpec y al Ministerio de Defensa, y este no nos puede poner contra “la pared”. Si en una cárcel hay hacinamiento eso no es responsabilidad nuestra. El fallo demuestra de manera contundente que no hubo un estudio de fondo de la situación”, dijo el mandatario.
El dragoneante Edwar Montaño, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), indicó que el convenio debe ser firmado por el Inpec, la Alcaldía y la Uspec, para garantizar los derechos de los reclusos.
Manifestó además que en varias ocasiones se reunieron con el alcalde Gallo Paredes para que suscribiera el convenio pero no fue posible porque en la administración alegaron que el Inpec no tiene facultades para suscribir ningún convenio.
“Con esta postura del mandatario se está presentando una violación flagrante de derechos de los detenidos que se encuentran en la estación de El Carmen de Bolívar, lo que se traduce también en una carga laboral para los policías de esa estación ya que están cumpliendo funciones de vigilancia que no les corresponden”, indicó Montaño.
Cabe anotar que en días pasados este medio publicó una nota en la que se hizo visible el hacinamiento en que se encuentran unos 30 hombres que se encuentran privados de la libertad en las salas de reflexión de la estación de Policía de este municipio, lo que está generando problemas de salud y alimentación.
Resaltó que el Inpec debe recibir a los reclusos y no escudarse en el municipio, y decir que no hay convenio.
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