Durante cuatro horas, concejales, líderes sociales, veedores y habitantes del departamento de Bolívar instauraron denuncias en “Bolsillos de Cristal”, audiencia pública denominada así por la Fiscalía General de la Nación y realizada en El Carmen de Bolívar, para combatir la corrupción tanto en entidades públicas como privadas.
Mompox
La primera denuncia la realizó la concejal del municipio de Mompox, Mildred Martínez, quien dijo que, al parecer, existió una serie de irregularidades en los contratos para la construcción de tres parques biosaluables, por un valor cercano a los $1.600 millones durante el año 2017, que ya estarían en mal estado.
Igualmente, la cabildante se refirió a la situación de la ESE Hospital Local Santa María, entidad en la que los trabajadores realizan un paro por una posible desviación de recursos, deudas y falta de insumos.
“No entiendo porqué la alcaldesa Nubia Quevedo se ha empeñado en mantener a la actual gerente en el cargo, pese a que durante la prueba de conocimiento para acceder al mismo la declararon excluida. Además, he denunciado desviación de los recursos que corresponden a la estampilla del adulto mayor. En el centro de vida para atender a los ancianos hay serios problemas y tengo soporte de lo que estoy diciendo”, precisó Martínez.
Aprovechó el espacio para denunciar amenazas que presuntamente ha recibido de allegados a la mandataria municipal. “Me han insultado a través de redes sociales y la alcaldesa me demandó porque hice unas denuncias en un medio local de cosas que he visto en el municipio”.
Tiquisio
De esta población en el sur del departamento, Lino José de León Bolaño denunció al alcalde Fernando Carmona Pérez, de quien dijo que es lamentable que esté ejerciendo ese cargo y actuando en hechos de presunta corrupción visible.
Señaló que en el año 2017 se denunció la compra ilegal de un planchón, al parecer con recursos del Fonpet, sin el lleno de los requisitos y por un valor exagerado, pero aún no hay respuesta.
De León precisó que existe otra denuncia porque desconocen en que se invirtieron unos $6.000 millones, provenientes también el Fonpet.
Agregó que el mandatario no ha podido justificar la inversión de otros $1.300 millones, correspondientes al servicio de agua potable.
“Varios concejales le dieron facultades a Carmona para que realizara un préstamo comprometiendo vigencias futuras por valor de $3.000 millones. Buscamos los mecanismos para que el Concejo no lo aprobara, no escucharon razones y lo aprobaron”.
Francisco López Sierra, director seccional de la Fiscalía de Bolívar, anunció que a todas esas denuncias se les daría respuesta y, para lograrlo, enviará un grupo de funcionarios del CTI a este municipio durante 15 días.
Contra la Gobernación
Otra denuncia presentada en la jornada la realizó Everto Ríos Viloria por la contratación del servicio de vigilancia privada en las instituciones educativas del departamento. Acusó al gobernador Dumek Turbay Paz y al exsecretario de Educación de Bolívar y hoy concejal de Cartagena, Óscar Marín Villalba, .
“Marín manifestó que contrataba la vigilancia privada porque le estaba pagando muchos recursos en horas extras a los celadores oficiales, y contrata 144 vigilantes por valor de $7.877 millones, quienes fueron enviados a los lugares donde estábamos laborando nosotros, quienes cumplíamos 100 % con la seguridad, generando con ellos la desprotección en varios horarios”, indicó Ríos.
Agregó que a los vigilantes actuales no les están cancelando los recargos, y les están pagando unos $900 mil mensuales. “Con esto lo que queremos decir es que la contratación es anómala desde cualquier punto de vista, porque se contrató en un periodo de ley de garantías y las cláusulas de la contratación no se cumplen. Esto está denunciado ante los Ministerios de Educación y del Trabajo y estos le pasaron la competencia a la Contraloría Departamental de Bolívar”.
Ríos añadió que con esta situación se está presentando un deterioro económico en los recursos del Estado.
En el Carmen
Muchas fueron las denuncias en este municipio. La del relleno sanitario denominado “Sin Pensar”, que comenzó a construir la empresa de recolección de basuras ServiAseo en la vereda Mandatú, fue expuesta por Pedro Luis Pérez.
“Nosotros estamos preocupados por el daño que ese botadero de basura a cielo abierto tendría sobre la escuela que se encuentra a unos escasos 300 metros, en el hogar infantil y en los reservorios de agua para consumo de la comunidad”, precisó el denunciante.
Según Blanca Victoria Sabagh, representante de la organización ODDC, no se realizó un estudio previo ambiental para ejecutar esa obra, pues este no consta en el expediente de la misma, pero sí hay una certificación de la Alcaldía donde se estipula que el sitio donde se construye está por fuera de la zona de reserva de infraestructura de servicios públicos, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
“Posterior a la certificación, el alcalde Rafael Gallo Paredes no ha emitido el acto administrativo para anular el certificado que emitió el secretario de Planeación del municipio, por lo que el mandatario estaría incurriendo en un prevaricato por omisión y acción”, precisó la representante de la comunidad.
Otros de los mandatarios que fueron denunciados durante la audiencias son los de Córdoba Tetón, Karina Becerra Baños, por transporte escolar; Alberto Murillo Palmera, por el sistema de recolección de basuras con la empresa Bioger; y el de San Fernando, Felipe Turizo, por problemas en los acueductos rurales que están paralizados, amenazas de muerte y otras obras inconclusa.
Cecilia Hernández, coordinadora de fiscales de Bolívar, resaltó que lo que buscan con esta iniciativa es acercar a los usuarios con la Fiscalía, para que denuncien todo que afecta los erarios de los municipios del departamento.
Anotó que manejan ejes temáticos que ligados con salud, educación e infraestructura, pero también reciben otras denuncias.
Protección a denunciantes
En cuanto a las denuncias sobre amenazas, la coordinadora de fiscales de Bolívar manifestó que ese es un tema que preocupa mucho porque atenta contra la vida de quienes ejercen el control. Por eso, para garantizar la seguridad de los denunciantes y sus familias, van a solicitar medidas de protección a los jueces.
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