Según la información entregada por el personero municipal, Luis Fernando Marioti Andrade, funcionarios del Fondo Nacional para la Reparación Víctimas se reunieron en días pasados con los labriegos y les manifestaron que los predios “debían producir dinero o de lo contrario tendrían que salir de ellos”.
El Personero explicó que esas familias no pueden salir de ahí porque no cuentan con una nueva alternativa de trabajo, lo que generaría un nuevo desplazamiento, pues El Guamo no tiene una estrategia para la generación de empleos.
Dijo, además, que el funcionario del Fondo les manifestó que para que los campesinos puedan seguir allí deben pagar $7 millones mensualmente por utilizar las 2.500 hectáreas de tierra.
“Esta situación ya la puse en conocimiento de la Defensoría del Pueblo de Bolívar, para que estén atentos de lo que pueda suceder de no llegar a un acuerdo entre el Fondo y los labriegos”, sostuvo el Personero.
El representante del Ministerio Público manifestó que el Fondo tiene actualmente un convenio con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que es la responsable de subarrendar los lotes.
“Nos preocupa toda esta situación porque si nuestros campesinos no acceden a las peticiones del Fondo, la ANUC puede subarrendárselas a quien ella quiera y no sabemos qué clase de personas estarían llegando al municipio y con qué intenciones”, expresó el funcionario.
Marioti Andrade aseguró que de dejarse de trabajar la tierra y cultivarla, la población en general se vería afectada porque los productos agrícolas que llegan al municipio provienen de esos cultivos.
Por su parte, los campesinos aseguraron que ellos están dispuestos a defender esas tierras que han trabajado por años hasta con su propia vida.
Secretaría de Víctimas
Claudia Ayola Escallón, secretaria de Víctimas y Derechos Humanos de Bolívar, precisó que en su despacho no existe información detallada distinta a la publicada en los medios de comunicación, de las acciones que está adelantando el Fondo respecto al tema. “Solo hasta la semana pasada recibimos de la Personería las quejas formales que han instaurado las víctimas en ese despacho, para lo cual hemos solicitado todo lo relacionado con este tema a la Unidad para la Atención y al Fondo”, dijo la funcionaria.
¿ES LEGAL?
El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, Álvaro Tapia Castelli, manifestó que el Fondo si puede vender o arrendar esos predios, mientras los jueces de la Unidad de Justicia y Paz los adjudican para la reparación de las víctimas del conflicto.
Agregó que “los bienes que entregan los desmovilizados tienen que ser monetizados, pero esa competencia es únicamente del Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas, que es el que tiene su custodia y administración”. Con esos recursos también se busca ayudar a otros campesinos.
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