Bolívar


Bolívar, entre los departamentos investigados por incumplir atención a víctimas

REDACCIÓN CARTAGENA

19 de julio de 2017 10:50 AM

Por supuestamente incumplir las medidas de protección, asistencia, atención y reparación a la población desplazada, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra la Gobernación de Bolívar, especialmente contra las alcaldías de Magangué y El Carmen de Bolívar. La medida también cobija a 19 administraciones departamentales más.

De acuerdo con la Delegada para la Defensa de los DDHH, con la apertura de este proceso se busca "identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

El Ministerio Público señaló que pese a contar con los recursos suficientes para atender a dicha población y de tener un panorama grave de desplazamiento forzado, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no se ha cumplido con las obligaciones de atención integral.

Además de Bolívar, también se investiga a las gobernaciones de Sucre, Córdoba, Magdalena, Nariño, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía, Norte de Santander, Casanare, Chocó, Cauca, Caldas, Arauca, Risaralda, Quindío, Putumayo, Cariño, Meta y Huila.

De igual forma, se indaga a las alcaldías de los municipios de Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Tierralta (Córdoba); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar); Fortul, Saravena y Tame (Arauca).

Asímismo, fueron vinculadas Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander) e Ibagué y Chaparral (Tolima).

Las acciones, indicó la Procuraduría, le apuntan a cumplir la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

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