El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, calificó como una farsa la reunión sostenida con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Louis Kleyn López, con el fin de debatir lo relacionado con el traslado del peaje El Purgatorio, ubicado en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica.
La anterior afirmación la basa en el hecho que los directivos de la entidad no acogieron ninguna de las propuestas hechas por la comunidad, pero sí anunciaron que en cinco días reiniciarán las obras de construcción de la caseta en el kilómetro 12.
El mandatario insistió en que ese traslado afectará socioeconómicamente a 50 poblaciones de Montería, Tierralta y Valencia, razón por la cual los tres alcaldes, al igual que la Gobernación de Córdoba, se oponen al traslado del peaje del kilómetro 18 al 13, como lo plantea la ANI.
"¿Para qué nos citaron? Ellos no digirieron ninguna de las alternativas planteadas, sino que simplemente notificaron las afectaciones que le harán a la comunidad", reiteró el mandatario.
En igual sentido se pronunció el personero de Montería, Josrge Galofre, quien sostuvo que no apoya el traslado del peaje porque ello significa un gran perjuicio para la comunidad y advirtió que se deben tener en cuenta las onsecuencias que ello generará.
Por su parte, la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia Ruíz, insistió en que no se deben cerrar las puertas del diálogo y que se deben evaluar los impactos del traslado del peaje antes de continuar con la obra.
Insistió también en que el concesionario debe invertir en el mantenimiento de la vía, señalando que los peajes son tributos indirectos y recursos públicos que deben generar beneficios para las comunidades. Pidió además frenar la construcción del peaje.
Ojo con el orden público
El Concejo de Montería responsabilizó de las afectaciones sociales y de orden público que puedan originarse con la imposición de la Agencia Nacional de Infraestructura de trasladar el peaje El Purgatorio.
El concejal Aldrin Pinedo Sánchez, aseguró que el Gobierno fue indolente, puso por encima el equilibrio financiero de la empresa privada, atropellando a la comunidad campesina de más de 60 poblaciones rurales del municipio.
Por su parte, el concejal Emiliano Pastor, quien estuvo en la reunión, dijo que es una falta de respeto citar a las autoridades a concertar y le terminen diciendo “digan lo que digan, el traslado va”, una forma de imposición que frente a las comunidades lo único que ganan el rechazo generalizado.
Sugirió a los congresistas de la región hacer un último intento para que hablando con el mismo presidente Iván Duque se pueda suspender la obra y directamente con el Jefe de Estado buscar un punto de entendimiento.
Así mismo, el concejal Daniel Márquez González rechazó a la decisión del Gobierno, resaltó el talante de los alcaldes de Montería, Valencia y Tierralta que se mantuvieron en oposición al traslado del peaje y fueron propositivos ofreciendo alternativas que al final no fueron tenidas en cuenta.
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