El exsecretario General de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, reconoció que el expresidente de la Álvaro Uribe Vélez solicitó información al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, sobre los viajes que hacía al extranjero la senadora Piedad Córdoba.
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Moreno explicó que en el Gobierno provocaron “preocupación” los recorridos de la dirigente liberal, así como “las permanentes visitas de funcionarios venezolanos a Colombia”.
“Eso generó cierta preocupación en el Presidente y en alguna ocasión le dijo a María del Pilar: ‘infórmenos un poco más de esos temas de Venezuela, de esos temas de Piedad Córdoba’”, señaló.
Igualmente, Moreno Villegas señaló que Uribe pidió a la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, información sobre Venezuela y Ecuador en un Consejo de Seguridad.
“Tengo entendido que en algunas ocasiones el Presidente de la República le había expresado a la doctora María del Pilar que quería tener un poco más de información de lo que estaba sucediendo en los países cercanos sobre todo Venezuela y Ecuador, y que por favor le entregara información a los diferentes usuarios sobre la problemática venezolana”, señaló Moreno.
FISCALÍA PIDE CONDENA
En audiencia de alegatos de conclusión, la Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condene a Moreno y a Hurtado por su supuesta responsabilidad en las denominadas 'chuzadas' a magistrados, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
La Fiscal Cuarta delegada, María Victoria Parra, aseguró que hay suficiente material probatorio para condenar a los exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, abuso de función pública, peculado por apropiación, falsedad ideológica y violación ilícita de comunicaciones.
Basada en los testimonios de exfuncionarios del DAS como William Romero, el capitán Fernando Tabares, Jorge Lagos, Martha Leal y Alba Luz Flórez Gelves, conocida como la 'Mata Hari', la Fiscal Parra argumentó que las interceptaciones obedecieron a una intención de conocer los movimientos de "todas aquellas personas consideradas como oposición a la gobernabilidad" del entonces presidente Álvaro Uribe.
En ese sentido por ejemplo, la Fiscal Parra explicó que uno de los objetivos era interceptar a la Corte Suprema de Justicia, especialmente, a los magistrados que integraban la Sala Penal "por ser una entidad catalogada como opositora al Gobierno, por todos los procesos de parapolítica que cursaban allí, para poder conocer con anterioridad las decisiones que se tomarán en esos procesos".
Así, se interceptaron las comunicaciones de los magistrados Alfredo Gómez Quintero, José Leónidas Bustos, Jaime Arrubla, Camilo Tarquino, Augusto Ibáñez, Javier Zapata, Francisco Ricaurte, entre otros.
En el caso específico de Piedad Córdoba, la fiscal Parra indicó que la dirigente liberal se había convertido en un blanco opositor del Gobierno, a raíz de sus pronunciamientos, por lo que se recolectaba información sobre viajes, presentaciones y comunicaciones que eran entregadas a Moreno.
La Fiscal Parra además indicó que todas las interceptaciones realizadas desde el DAS, iniciaron bajo la administración de Andrés Peñate.
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