Ante el notario Séptimo de Cartagena, Mario Echeverry, tomó posesión como alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris, quién hasta hace varios días ejercía como secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, cargo en el que fue ratificada por el alcalde electo Antonio Quinto Guerra cuando presentó su Gabinete Distrital.
Como se recordará, el pasado 25 de mayo, Quinto Guerra fue suspendido mediante una medida cautelar por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mientras avanza una demanda que pretende demostrar que está inhabilitado para ejercer el cargo por haber suscrito un contrato y un otrosí con el Ministerio de Vivienda.
Desde entonces, enfrenta un proceso para regresar al Palacio de la Aduana y asumir su cargo como alcalde de Cartagena.
La demanda
Para la Procuraduría, Antonio Quinto está inhabilitado para ejercer como alcalde y basa su concepto en las causales de inhabilidad detalladas en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y modificado por el artículo 37 de la Ley 617 del 2000.
Ese artículo 37 dice que tiene causal de inhabilidad: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio”.
El procurador Fernando Carrillo fue enfático en su oposición a la candidatura de Quinto Guerra y advirtió que se “estaría atentando contra la seguridad jurídica y contra la igualdad, si Quinto Guerra es elegido alcalde”, hecho que ocurrió en la contienda atípica del 6 de mayo.
La defensa
Una vez fue notificado mediante aviso de prensa de la orden de suspensión, Antonio Quinto Guerra armó un equipo de abogados para demostrar, como ha dicho en entrevistas anteriores, que “él no está inhabilitado”.
“La presunta inhabilidad que tenía era porque fui servidor público, que al contrario debe sentirse orgullo que un hombre de pueblo pudo haber sido el asesor de la ministra de Vivienda y asesor del Fondo Adaptación”, expresó Guerra Varela.
La defensa de Quinto envió el pasado 3 de junio una misiva al alto Tribunal solicitando claridad a los magistrados sobre el auto admisorio de una demanda que pide la nulidad de su elección y sobre la medida cautelar que tomó este tribunal de suspenderlo provisionalmente mientras se decide de fondo la demanda que iría al Consejo de Estado. (Lea:Quinto Guerra pide claridad a Tribunal sobre decisión de suspenderlo)
“No está claro si lo que la sala me endilga es la celebración de un contrato adicional o la adición del contrato inicial”, expresa el alcalde a los magistrados.
Y explicó que su caso es diferente porque “ el contrato que él suscribió con el Ministerio de Vivienda sí tenía claro el objeto, el precio y el plazo, y que “el otrosí versó únicamente sobre la prórroga del término de ejecución”.
Para conocer qué pasará con la suspensión del alcalde Quinto Guerra y la posibilidad de que retorne o a su cargo, El Universal consultó al abogado Iván Acuña, especialista en derecho electoral y defensor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando este fue retirado del cargo.
Para el jurista, en el caso Quinto, es el Consejo de Estado el que “tiene la última palabra” y planteó dos escenarios posibles.
“El Consejo de Estado tiene dos opciones, o confirmar la medida cautelar o revocar la medida cautelar. No hay más. Si el Consejo de Estado revoca la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el alcalde regresa inmediatamente al cargo y por los tiempos yo diría que alcanzaría a terminar su periodo.
Si la medida cautelar permanece, el alcalde no regresa porque el proceso de nulidad electoral es de dos instancias y es improbable que termine antes de 18 meses y este sería un fallo definitivo”, explicó.
El abogado Acuña sostiene que la decisión que tome el Consejo de Estado es clave para determinar si Antonio Quinto Guerra ejerce o no como alcalde Mayor de Cartagena.
“Quinto Guerra está en manos del Consejo de Estado. Si este órgano confirma la medida cautelar, prácticamente se puede decir que sería el alcalde encargado quien termine el gobierno, pues no habría oportunidad de convocar elecciones”.
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