Los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega se entregaron, en la noche de este miércoles, ante la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema de Justicia los condenara a seis años y seis meses de cárcel por el caso de la 'Yidispolítica'.
El primero en hacerlo fue el exministro de Protección Social Diego Palacio, quien sobre las siete de la noche se entregó ante unidades del CTI de la Fiscalía, quienes hicieron un acompañamiento del exfuncionario desde su lugar de residencia en Bogotá hasta el Bunker, donde se hizo su reseña.
Posteriormente, sobre las 9:30 de la noche, el que se entregó fue el exministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe Vélez ante el CTI regional en Cartagena, donde permanecerá durante la noche retenido, para ser trasladado en horas de la mañana a Bogotá.
Los abogados de los tres exfuncionarios condenados por por haber entregado dádivas a excongresistas para que votaran la reelección presidencial del gobierno de Álvaro Uribe, se presentarán este jueves ante la Corte Suprema de Justicia para conocer de fondo la condena.
EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó este martes la decisión en la que condenó a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio a 6 años y 6 meses de prisión, y a cinco años de cárcel al exsecretario de Presidencia, Alberto Velásquez, por la ‘Yidispolítica’.
En un comunicado oficial, se indicó que la Corte determinó cómo siguiendo instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, los exfuncionarios dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar, con una serie nombramientos, el voto favorable de la exrepresentante Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación del proyecto de ley que permitió la reelección presidencial en el 2004.
“Ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino los destinos del país, en la medida en que al procurar con métodos protervos la continuidad de un trámite legislativo que de haber surtido su curso sin las referidas interferencias y permitiendo su debate a partir de las ideas, como corresponde en un Estado que protege el pluralismo político y la participación democrática, tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes”, señaló la Corte.
Para la Corporación, si bien el Acto Legislativo aprobado finalmente por el Congreso de la República obtuvo el respaldo de la Corte Constitucional, por no sustituir la Carta Política ni vulnerar, desde el punto de vista formal, el trámite legislativo, su continuación y culminación se logró gracias a la acción concertada de altos funcionarios del Gobierno, quienes acudieron a prácticas corruptoras “frente a dos congresistas de nivel académico básico, pobre estructura intelectual, pero vasta ambición de reconocimiento”.
“Los tres acusados –concluye la Corte– actuaron mancomunadamente, guiados por el mismo propósito: procurar disipar el quorum de los 18 congresistas que apoyaban la solicitud de archivo, y prevalidos de su condición de miembros del equipo de Gobierno y conocedores del interés que el Presidente de la República tenía en que la reelección presidencial cumpliera satisfactoriamente el trámite legislativo en el Congreso, le hicieron ofrecimientos a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño de los cargos que podían estar disponibles, para asignárselos en pago, a la primera, con el fin de realizar un acto contrario a sus funciones y, al segundo, para que lo omitiera”, dice la sentencia.
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