El alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, aseguró, frente al fallo de la Corte Constitucional que avaló el Acto Legislativo 01 de 2017, que la decisión del alto Tribunal es clara en que no hay inhabilidad para participar en política para los desmovilizados de las Farc. Sin embargo, dejó claro que prima la responsabilidad de los miembros de la antigua guerrilla ante la Jurisdicción Especial de Paz.
“La Corte claramente dice que no hay inhabilidad pero sí incompatibilidades. Es decir, es posible que se establezca una pena y si el cumplimiento de esta hace imposible la participación prima las obligaciones ante la JEP”, aseguró el funcionario.
Así mismo, Rivera destacó que la Corte no se pronunció frente a lo que pasará en caso de que los guerrilleros que tomen posesión como congresistas tengan que responder ante la JEP, y agregó que no se puede entrar a debatir escenarios hipotéticos antes de que el Congreso evacúe el proyecto de Ley Estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz.
El funcionario reiteró que el balón está en la cancha del Congreso y que será el Legislativo el que cumpla con su deber aprobando la iniciativa que se espera que hoy continúe discutiendo el Senado. “Creo que la Corte Constitucional ha aclarado puntos que generaban incertidumbres ha respondido los interrogantes que se plantearon en el Comité de Seguimiento de delitos electorales frente a la participación política y las inhabilidades políticas”, afirmó.
Y agregó que el fallo aclara que los desmovilizados deberán cumplir los compromisos de verdad, reparación y además cumplir con las sanciones establecidas. “La parte procedimental del fallo afirma que serán los magistrados de la JEP los que establezcan la clase de pena y la compatibilidad de las mismas con la participación política y serán ellos quienes certifiquen si cumplen o no con esos requisitos”, concluyó el Alto Comisionado para la Paz.
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