La peor crisis político-administrativa en la historia de Cartagena y el país se selló ayer con la decisión de un juez, que ordenó la casa por cárcel para ocho concejales de la ciudad, lo que reduce notoriamente la plenaria y el quórum de esta corporación distrital.
Lo anterior, porque el juez Segundo Municipal con Control de Garantías, Marvin Ayos, decidió cobijar con detención domiciliaria a los concejales Édgar Mendoza Salame (del Partido Conservador); Antonio Salim Guerra y Luis Javier Cassiani (de Cambio Radical); William Pérez y Duvinia Torres Cohen (del Partido de La U); Lewis Montero (de Opción Ciudadana), Américo Mendoza Quessep (de ASI) y Erich Piña (Partido Liberal), tras su presunta participación en la elección irregular de la excontralora Nubia Fontalvo.
El juez Ayos sostuvo que ante las nuevas investigaciones que se adelantarán dentro del Concejo, “una medida de aseguramiento en centro carcelario es la más invasiva, por lo tanto es una medida adecuada; sin embargo, existe una medida menos invasiva, con lo cual se puede salvaguardar los intereses de la comunidad, y es la detención preventiva en la residencia de los implicados”.
El caso
La Fiscalía General de la Nación desarrolló en Cartagena las operaciones ‘La Heroica I y II’, que según el ente acusador dejó al descubierto un “plan criminal que permitió que concejales y el entonces alcalde Manolo Duque, así como su primo José Julián y la propia Nubia Fontalvo, electa contralora de manera irregular, se apropiaran de recursos y de puestos en esa entidad y en la Alcaldía”.
Los delitos
El caso se destapó a través de interceptaciones al celular del exconcejal Jorge Useche, que permitió a la Fiscalía recopilar información clave que hoy tiene enredados a estos concejales y a otros funcionarios.
En los audios Useche habla de que varios concejales habrían recibido millones de pesos, presuntamente, por votar por Fontalvo, lo que el exconcejal describe como “libros”.
Esas grabaciones y otros documentos son las pruebas de la Fiscalía, junto con una testigo clave (una mujer de nombre Joyce Escorcia), que demostrarían la inferencia razonable de autoría en los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u ofrecer, y usurpación de funciones públicas para los primeros detenidos, que fueron enviados a la cárcel desde el pasado 1 de septiembre, y de cohecho y prevaricato por acción para los concejales que recibieron casa por cárcel.
Por este caso ya fueron asegurados con medida intramural, de forma preventiva, el exalcalde Duque, su primo José Julián, la excontralora Fontalvo, el exconcejal Useche y la exconcejal Angélica Hodeg.
Por su parte, el exconcejal Zaith Adechine, vinculado al caso, no recibió ninguna medida como tampoco el concejal Ronald Fortich. A éstos se les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, sin poder abandonar el país.
“No vamos a apelar”: abogado Laitano
A su salida del complejo judicial, Antonio Laitano, abogado defensor de los concejales Érich Piña y Édgar Mendoza, indicó que desistió del recurso de apelación tras la medida dictada por el juez.
“Desistí por una razón sencilla, y es que hay otras estrategias de defensa más adelante que el recurso de apelación. Ellos no podrán ir a las sesiones en el Concejo porque la medida domiciliaria es restricción de la libertad, pero en el lugar de residencia”, explicó Laitano.
Manolo, Useche, Fontalvo y JJ seguirán en la cárcel
Luego de que los ocho concejales a los que se les dictó la medida de casa por cárcel fueron trasladados al Inpec, en medio de estrictas medidas de seguridad, para el registro dactilar, y después a sus casas, en la Sala 8 del complejo judicial se desarrolló, desde las 2 de la tarde, una audiencia entre los abogados de Useche, Duque, JJ Vásquez y Fontalvo, y la juez Elizabeth Araújo, en la que estos defensores esperaban que a sus clientes se les suprimiera la medida de detención carcelaria.
Pero tras cuatro horas de sesión, la juez consideró que todos los argumentos que elevó el juez José Luis Robles el 1 de septiembre de 2017, para mandar a estos ciudadanos a prisión, “eran adecuados”. La juez le dio relevancia a que se trata de un caso de corrupción. Ante ello ratificó y confirmó la orden de detención preventiva en centro carcelario.
Revocan delitos a Useche
En la diligencia, explicó el abogado defensor Hernando Osorio, la juez revocó dos delitos imputados al exconcejal Jorge Useche: tráfico de influencias y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública; por ello el exconcejal sólo quedó imputado por cohecho.
Sin embargo, la togada ratificó los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo sucesivo, para Duque y JJ Vásquez, y concierto para delinquir y cohecho para Fontalvo.
¿Cómo sesionará un Concejo reducido?
Ante la detención domiciliaria de ocho concejales, el Concejo de Cartagena quedará con la asistencia de ocho cabildantes: César Pión, Rodrigo Reyes, David Dáger, Wilson Toncel, Vicente Blel, Rafael Meza, David Caballero y del concejal Javier Curi, quien está también vinculado a la investigación sobre el caso Fontalvo, pero se presume que no seguiría asistiendo a las sesiones, aunque no ha sido imputado ni asegurado.
De otro lado la puja por la curul que se pelean Ronald Fortich y Judith Díaz aún no se resuelve, y por ello esa curul también permanecerá vacía por un tiempo que se presume largo.
Ante la pregunta de cómo sesionaría el Concejo, El Universal consultó a varios expertos en administración pública.
“La ley dice que debemos seguir”: Toncel
El propio presidente del Concejo, Wilson Toncel, adujo que “ante un estudio minucioso con asesores jurídicos, encontramos que debemos seguir trabajando como lo dice la Ley 134, y en estos casos cuando se da este tipo de medidas, se debe reorganizar el quórum de la corporación, con la mitad más uno de los concejales habilitados para asistir a las sesiones, es decir, el Concejo debe seguir”.
Castellanos aclara
El abogado experto en administración pública, Fabio Castellanos, aclara la situación: “Gravísima situación para la ciudad y demuestra la irresponsabilidad como actuaron estos servidores públicos. Ante la falta temporal ocasionada con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria opera la silla vacía, ya que ella tiene origen en medidas de aseguramiento o en sentencias condenatorias de procesos penales relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, y por delitos de lesa humanidad. El quórum del Concejo, por virtud del acto legislativo, seguirá con los que estén libres. Si se llegare a dar la falta absoluta, tampoco se convocarían elecciones, porque ya falta menos de los 24 meses para que acabe el periodo 2016-2020. Esta situación aumentara la crisis institucional de la ciudad y debe provocar la reacción popular contra los estafadores de la democracia, no eligiéndolos más, ni sus proyectos políticos”.
Así las cosas, la ciudad se aventura a una situación de crisis gubernamental de marca mayor, con un alcalde encargado, a las puertas de una elección atípica y un Concejo fragmentado por presuntos actos de corrupción.
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