La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó, con una votación de 6-2, una solicitud de nulidad que se había presentado en contra del fallo de tutela que ratificó la destitución de la ex senadora liberal Piedad Córdoba Ruíz, por presuntos nexos con las Farc.
La Sala Plena rechazó la nulidad que la defensa de Córdoba había presentado en contra de un fallo de la propia Corte Constitucional que en octubre de 2013 ratificó la destitución e inhabilidad por 18 años que le dictó la Procuraduría General de la Nación.
En esa ocasión, el tribunal negó una tutela que había presentado la defensa de Córdoba Ruiz señalando que el fallo del Ministerio Público violaba los derechos al buen nombre, al debido proceso y a la presunción de inocencia de la dirigente política.
En ese fallo de octubre, la Corte Constitucional determinó que el Ministerio Público sí tenía potestad para destituir e inhabilitara funcionarios elegidos por voto popular.
El procurador Ordóñez, en fallo de 2008, destituyó a la entonces senadora y la inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 18 años, al encontrar que se extralimitó en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las Farc, grupo ilegal al que, según el fallo, asesoró políticamente.
Las pruebas del procurador Ordóñez se basaban, entre otros, en los computadores de "Raúl Reyes", el canciller de las Farc, muerto en combates en Ecuador, en marzo de 2008, durante la Operación Fénix.
En sus comunicaciones las Farc se referían a Piedad Córdoba con el apelativo de "Teodora Bolívar", y buscaban su concurso para hacerles llegar pruebas de supervivencia a las familias de varios secuestrados. Por esa razón, el Ministerio Público encontró que Córdoba Ruiz se había extralimitado en sus funciones como senadora de la República, hecho que calificó como "falta gravísima", y tomó la decisión de destituirla y sancionarla por 18 años.
No obstante, en agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia dejó sin piso jurídico la información contenida en los computadores de "Raúl Reyes" al advertir que no se guardó la cadena de custodia ni se guardaron los protocolos de seguridad que deben observarse en ese tipo de operaciones. Con base en esa consideración, que tumbó los procesos abiertos por la llamada ‘Farcpolítica’, fue que la defensa de la exsenadora interpuso la acción de tutela.
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