El procurador 22 judicial administrativo, en primera instancia, le dio la razón al abogado Alfonso Morales Ángulo por la demanda de nulidad al llamamiento de Óscar Marín Villalba para ocupar una curul en el Concejo de Cartagena. Es decir, que nadie debería ocupar la curul que dejó Jorge Useche Correa sino que se declarara la silla vacía.
Tras esta posición, el abogado Alfonso Morales Angulo presentó ayer alegatos de conclusión ante el Tribunal Administrativo de Bolívar con respecto a la demanda, para “salvaguardar la Constitución misma y los principios democráticos, burlados por funcionarios que se inspiran en fines diferentes al respeto de la legalidad de los actos de elección y llamamiento a ocupar las curules del Concejo Distrital de Cartagena de Indias”.
Para el abogado, la importancia radica en que el Ministerio Público en sus alegatos sustentó que está de acuerdo con los argumentos y pretensiones en la demanda de nulidad.
“El presidente del Concejo sería quien cometió el error de dar la credencial. Solicité que se declare la nulidad de la Resolución 071 del 30 de abril de 2018, la cual constituye acto de llamamiento de Óscar Marín Villalba para ocupar la curul de concejal, se comprobó con los medios probatorios allegados al proceso el acto administrativo en cuestión fue proferido con desviación de poder y contradicción al artículo 134 de la Constitución”, aseguró Morales Angulo.
Estos argumentos indican que si a Jorge Useche Correa lo investigan por un presunto delito contra la administración pública, se tipifica la silla vacía y nadie deberá ocupar la curul.
Por su parte, el concejal Óscar Marín Villalba indicó que tiene la confianza puesta en Dios y que se actuó en derecho. “Se discute lo de la silla vacía, pero esta no opera porque primero va lo electoral y luego lo penal. Es algo desfasado ya que primero se dio el fallo del tribunal y después la captura de Jorge Useche, es decir, que cuando le quitaron la credencial aún no se le había imputado cargos y por eso no aplica”, mencionó Marín Villalba.
Tras los argumentos presentados por el abogado demandante, la posición de la Procuraduría y la explicación del concejal, se espera que en 20 días el Tribunal Administrativo de Bolívar responda en primera instancia esta solicitud.
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