La Procuraduría 66 Judicial Primera ante los jueces administrativos de Bolívar, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que se modifique la sentencia que reconocerá el pago a 1.669 habitantes afectados por la tragedia del barrio San Francisco.
La sentencia ordena que el Distrito de Cartagena y el Ministerio de Vivienda, le paguen a cada uno de estos afectados cerca de 51 millones de pesos (70 salarios mínimos) para resarcir los daños materiales y morales que ocasionó el fenómeno geológico que afectó y derribó unas 2.400 casas que conformaban unas 30 manzanas en el barrio San Francisco en 2011.
Pero la procuradora Claudia Mantilla Mejía le pide a la juez 13 del Circuito de Cartagena, Giovanna Bonilla Mitrotti que: “se incluya en el grupo (de damnificados que serán indemnizados) a aquellas personas que aparecen en el censo que aportó el Distrito de Cartagena”, aduciendo que estos “sí tienen residencia en el sector Sinaí, perteneciente al barrio San Francisco”, y que fueron excluidas por tratarse o confundirse como si fueran habitantes de otro barrio”.
“Son 357 personas, que habitaban en el sector Sinaí, del barrio San Francisco y no en un barrio independiente con ese mismo nombre ubicado también en el Cerro de La Popa”, dice la Procuraduría.
Demandantes también apelaron
Son en total cerca de 80 mil millones de pesos que deben pagar el Distrito y Minvivienda por partes iguales a lo que se suma el pago de aproximadamente 25 mil millones más para quienes consideró fueron acreedores por concepto de daños materiales.
Otra de las apelaciones interpuestas fue la de los demandantes a través de su apoderado el abogado Luis Correa.
Los afectados esperaban unos 100 millones de pesos por las casas y no un valor inferior, ya que se trataba de casas grandes, de dos plantas y un área de 130 metros cuadrados cada una, en promedio.
En su apelación el abogado plantea que “la suma que equivale al monto de las indemnizaciones que ordena el Juzgado 13, no alcanza ni para la compra de una vivienda de interés social”.
La demanda inicial contra el Distrito era por $310 mil millones, en incluía al Ministerio de Vivienda a la empresa Aguas de Cartagena y Corvivienda.
Así las cosas la decisión está en manos del Tribunal Administrativo de Bolívar sobre si se incluyen a los habitantes del sector Sinaí. De otro lado El Universal estableció que el Distrito también apelará el fallo por considerar que los más de 50 mil millones de pesos que les correspondería pagar es mucho dinero.
La sentencia que condena al Distrito y al Ministerio de Vivienda absuelve a las demás entidades demandadas como Corvivienda, Aguas de Cartagena y la firma aseguradora Royal & Sun Alliance Seguros, por considerar que no eran las entidades legitimadas para entrar a responder, por los daños ocasionados a la comunidad.
Los accionantes buscaban que las entidades demandadas les pagaran las casas a $110 millones a cada uno los propietarios y a $70 millones para quienes eran poseedores; pero el juzgado solo ordenó 51 millones por casa.
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