Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero sin prohibición de salir del país y sin obligación de pagar caución alguna quedaron ayer el concejal David Dáger Lequerica y Henry Castillo, representante legal de la empresa Neuromind S.A.S.
La decisión la tomó el Juez 17 Penal Municipal de Cartagena con funciones de control de garantías, en relación con lo solicitado por la fiscal Seccional 40 de Bolívar, Dora Cáceres. La audiencia se realizó a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Judicial, como reservada, para salvaguardar la confidencialidad de la información.
Enrique del Río, abogado de David Dáger, explicó que “la naturaleza de ese fallo fue la decisión de la Fiscalía, de solicitarle al juez que prohiba la salida del país de los imputados y además que presten una caución económica en valor igual a 15 millones de pesos (por el monto del contrato que suscribieron Dáger y Neuromind, para realizar los exámenes a los candidatos a Personería y Contraloría en el 2015)”.
“Esta defensa -indicó- se opuso enérgicamente a que se impusieran estas dos medidas no privativas de la libertad, porque la finalidad que perseguía la Fiscalía con dichas medidas era lograr la comparecencia de los procesados al trámite penal”.
Tanto la prohibición de salir del país como la caución fueron anuladas por el juez. “La defensa logró demostrar que Dáger ha concurrido de manera puntual a todas y cada una de las diligencias a las que ha sido citado, incluso sin saber a qué medida se enfrentaba, pues concurrió de cara a la administración de justicia y estuvo de manera puntual en todo el trámite de estas audiencias preliminares”, destacó Del Río.
No obstante, los imputados deben presentarse una vez al mes ante la Fiscalía. De incumplir con este requerimiento podría inferirse que quieren evadir la justicia.
Cabe recordar que Dáger es investigado porque en 2015, cuando era presidente del Concejo, contrató a Neuromind para realizar los exámenes a los candidatos a Personería y Contraloría en el 2015. Sobre esa firma recayeron múltiples cuestionamientos.
“Fue garantista”
El abogado defensor manifestó que la decisión del Juez 17 Penal Municipal fue garantista, pues “responde a los mandatos de los tratados internacionales, a los ruegos de las directrices de la Fiscalía General de la Nación, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que le imponen a los funcionarios públicos el deber de estudiar con todo el detenimiento las solicitudes de imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que hoy están desangrando el erario público”.
Advirtió que “a 2014, el monto de demandas por privación injusta de la libertad asciende a 21 billones de pesos. El que termina pagando por medidas injustas es el pueblo. Esta es una medida absolutamente garantista que responde a los intereses de la Constitución”.
El por qué de la medida
Ivette Martínez, defensora suplente de Dáger, precisó que “el juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad, conforme a la solicitud del ente acusador, por considerar que existe en grado de probabilidad la inferencia de la comisión del delito de contrato sin el lleno de los requisitos legales y falsedad en documentos público; no así con el delito de interés indebido en la celebración del contrato con Neuromind”.
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