El Decreto 0058 del 18 de enero de 2018, motivado por instrucciones de la Fiscalía a la Alcaldía de Cartagena, con el cual se declaró la calamidad pública en la ciudad, no solo ordena desalojar los 16 edificios a los que la Universidad de Cartagena les hizo un estudio patológico, sino también los inmuebles colindantes con estas edificaciones.
Desde que se cayó el edificio Portales de Blas de Lezo II el pasado 27 de abril, hasta que se conocieron los estudios que contrató el Distrito, más de la mitad de los edificios de la constructora Quiroz han sido desocupados.
Los inquilinos de muchos otros se han negado a salir. Tienen miedo, pero no sienten que les dan garantías para dejar atrás un patrimonio conseguido con mucho esfuerzo.
Hoy se reanuda la audiencia preliminar de medida de protección solicitada por la Fiscalía en la que la juez definirá, entre otras cosas, si las evacuaciones deben continuar. Lo que más exigen los propietarios es hacer otro estudio y nos parece sensato, pues aunque confiamos en la experiencia de la Universidad de Cartagena y sabemos que su estudio solo debía definir si las construcciones cumplen con la norma, y no la cumplen, las declaraciones del ingeniero Jorge Rocha crearon dudas que hay que aclarar.
Mucho hemos hablado aquí de la tragedia de las 709 personas que viven en apartamentos de esos 16 edificios, pero poco de sus vecinos, y de las demás edificaciones con licencias falsas en Cartagena.
En la Resolución 0277 “se resuelve que en caso de ser necesario, también se deben evacuar, desocupar y sellar las edificaciones colindantes para proteger la vida e integridad de los otros moradores”, pero en un recorrido de El Universal, ninguno de los entrevistados supo responder cuál es su riesgo.
El Distrito debe acompañar a estas personas, pues el miedo se generaliza tanto que una mujer dice que en su casa, al lado del Portal de Los Caracoles, nadie se volvió a sentar en la terraza. En otros sectores piensan en cerrar las calles para que no circulen vehículos, creyendo que la vibración aumentaría el riesgo. Urge que intervengan las autoridades antes que la desinformación cale en una comunidad confundida.
Con igual urgencia hay que evaluar, como lo pidió el procurador General, las otras 61 edificaciones que no cumplen con las normas urbanísticas.
El Distrito sigue atento a que la tragedia de Blas de Lezo no se repita y a la vez, debe ayudar a que los propietarios tengan una solución digna, ya que la mayoría es la víctima principal en esta cadena de irregularidades.
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