Ese fue el titular de la portada de El Universal en la edición del sábado, cuando se cumplía un mes de la tragedia en Blas de Lezo. Y es que es lamentable la lentitud con la que han avanzado las investigaciones.
Recordemos que el pasado 27 de abril, a las 10:30 a. m., se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II. El hecho dejó 21 personas muertas y 22 heridas. Desde ese día se ha dicho de todo, pero poco es el adelanto judicial.
Las historias de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas mortales se repiten casi que a diario en los medios de comunicación locales y nacionales. Son historias de dolor e impotencia que reflejan la necesidad de que se haga justicia.
Por otra parte están los constructores, que pese a conocerse que estaban construyendo sin licencia, para las autoridades como que esto no es prueba para una investigación más seria y contundente.
Hasta ahora la única decisión de peso que se ha tomado la hizo la Procuraduría General de la Nación, que suspendió por tres meses al alcalde Manolo Duque. Fue una decisión que nuevamente puso a la ciudad en jaque, que poco a poco se acostumbra a una interinidad que no le hace bien como ha quedado demostrado en anteriores administraciones.
Está claro que la corrupción en la construcción no es un problema de ahora, está claro también que para que las autoridades se pellizcaran, tuvo que ocurrir una tragedia. Sin embargo, pese a esa tragedia algunas cosas parecen seguir igual, como si nada hubiera pasado.
¿Qué ha pasado con las más de cincuenta construcciones ilegales que detectó el Distrito luego de la tragedia en Blas de Lezo? ¿Cuáles son las pruebas que necesita la Fiscalía para acusar al o los responsables de la construcción en Blas de Lezo?
Y de los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales es un pecado olvidarse. En nuestra edición del sábado fueron varios los que se quejaron de poca afluencia de gente, especialmente de la ausencia de funcionarios del Distrito, al conmemorarse el mes de la tragedia, muy diferente a los primeros días, cuando el lugar era visitado por muchas personas.
No envía un buen mensaje a la ciudadanía la falta de justicia y autoridad, no sienta un buen precedente que estas tragedias sucedan y nada pase. El valor de la vida y su preservación debería ser un principio para todos, y para los que están en el poder y en la institucionalidad mucho más.
Cartagena y sus ciudadanos necesitan creer que las cosas pueden ser distintas, que podemos convivir en un nuestro espacio vital con seguridad y con la atención oportuna de las autoridades, a las que la ciudadanía les exige actuar. Y no olvidemos a las víctimas de Blas de Lezo, esta es una tragedia de todos.
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