Mediante el Oficio No. CCE-CNCAE, del 30 de abril de 2018, la Procuraduría General de la Nación (PGN) le envió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un “Recurso del ministerio público contra la Resolución 0995 del 27 de abril del 2018 que decidió denegar la solicitud de revocatoria de la candidatura del ciudadano Antonio Quinto Guerra Varela a la Alcaldía de Cartagena de Indias (..)”, que ya le había hecho la PGN al CNE.
La nuez del asunto es este: “La Procuraduría General busca que esa Corporación decrete la nulidad de la Resolución 0995 del 27 de abril del 2018, debido a que dicho acto se profirió por parte del Consejo Nacional Electoral sin contar con la mayoría calificada que se exige legal y reglamentariamente. Ello exige que se retrotraiga la actuación y se convoque nuevamente para proferir la decisión que en derecho corresponda”; la PGN “solicita que se ordene la revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano Antonio Quinto Guerra Varela a la Alcaldía de Cartagena de Indias, D.T. y C., para la elección que se llevará a cabo el 6 de mayo del 2018, pues se encuentra incurso en la inhabilidad consagrada en el numeral 3.º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 (...)”.
Es decir, la PGN ya no solo cree que Guerra está inhabilitado por suscribir y ejecutar contratos con el Estado en tiempo no permitido, a pesar de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sino que además, le dice al CNE que decidió a favor de Quinto sin tener la mayoría calificada antes citada, o lo que es lo mismo, su decisión es “irregular” y por lo tanto inválida, “y debe reconvocar a los miembros del CNE para volver a decidir según la ley sobre la candidatura de Quinto”.
No sabemos cómo concluirá este pulso jurídico y en el fondo, político, entre la Procuraduría y el CNE con respecto a la legalidad de la candidatura a la Alcaldía de Cartagena de Quinto Guerra Varela, dado que los miembros del CNE son elegidos por el Congreso, es decir, son políticos, y sobre ellos en este momento debe existir la presión enorme de todas las ‘casas’ políticas y de los partidos e intereses que respaldan la candidatura de Quinto.
Además de cuestionar la mayoría calificada, la Procuraduría argumenta que el otrosí firmado por Quinto Guerra equivale a un contrato nuevo, ejecutado dentro del tiempo prohibido por la ley para ser candidato, mientras que el CNE se ampara en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que dice que es la fecha de la firma y no el periodo de su ejecución el que determina el impedimento. Sobre lo anterior, ayer se conoció que según Minvivienda, el otrosí al contrato no modificó el objeto contractual.
Esperamos que Cartagena no tenga que sufrir más anomalías ‘atípicas’ y también que cualquier candidato que sea elegido, gobierne con transparencia, sin repartir las dependencias del Distrito como un botín contratero, como sucede casi siempre, ni que el ganador dependa de una ‘alianza programática’, si esta cabe en la definición del alcalde de Bucaramanga, quien asegura que es un eufemismo para repartirse el erario. Pobre Cartagena si vuelve a pasar por allí.
Comentarios ()