Cartagena lleva varias semanas ocupada con los 16 edificios de los Quiroz y el drama de los propietarios de sus apartamentos, con la incertidumbre enorme de que las construcciones son inseguras. O mejor, con la certidumbre, porque según la Universidad de Cartagena, ninguno de los edificios cumple con la norma llamada de sismorresistencia, que abarca los principales criterios de seguridad para construcciones de ese tipo.
Por otro lado la ciudad está hipnotizada por el proceso legal que le sigue la Fiscalía a un grupo de concejales por la elección irregular de la contralora distrital, y las expectativas de otros procesos anunciados por la entidad investigadora por motivos distintos, entre ellos de contratación aún por develarse.
En este torbellino de noticias que envuelven a Cartagena tenemos la tendencia a olvidar otras cosas que también son muy importantes, y con frecuencia, más que algunos hechos de coyuntura, y con consecuencias potencialmente graves. Es el caso de Playetas, que está en condiciones cada día peores por el ataque del mar, que muy pronto podría partir a Barú en dos, el que sería un desastre ambiental y humano inimaginable, pero cercano si se sigue sin hacer nada. Las obras de protección tienen los diseños y tienen los permisos ambientales.
Para hacerlas hay tres jugadores que deben interactuar enseguida: la Gobernación, que ya ofreció 15 mil millones de pesos para hacer la primera parte de las defensas, parte del llamado pedraplén, incluyendo una vía de Punta Iguana al final de Playetas; el concesionario, que hizo los diseños y haría las obras; y la Alcaldía, que debe elaborar un convenio con la Gobernación para poder recibirle los 15 mil millones y depositarlos en la cuenta del concesionario, solo con ese propósito: hacer la obra inicial y conjurar la emergencia, a la que luego habría que completar con el resto del pedraplén, cuyo costo total, incluyendo los 15 mil millones, sería de 60 mil millones de pesos.
La figura del riesgo de desastre ambiental inminente, que lo hay, y grave, además de las consecuencias humanas, permite hacer el convenio a pesar de estar en vigor la Ley de garantías (Ley 996 de 2005), que normalmente impide estas actividades en épocas electorales.
Es usual que los proyectos cojeen por falta de financiación, que en este caso ofrece la Gobernación, así que urge que con la ayuda de las ‘ías’ y ante la emergencia, se completen los trámites para poder iniciar las obras de defensa de Playetas lo antes posible y evitar el desastre que se ve venir.
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