Una vez conocido el informe de Icomos a la Unesco esta semana, se supo que Cartagena no solo tiene un problema inmenso de construcciones ilegales en los barrios, las que han llevado a la cárcel a un clan de sus gestores, sino que su patrimonio histórico también está amenazado de muerte por una legalidad formal, que sin embargo no alcanza a ocultar el relajo en que se convirtió la construcción en el Centro Histórico y en sus zonas de influencia.
La excusa oficial es que no hay POT ni PEMP, pero todos sabemos intuitivamente dónde se puede construir sin hacerles daño a los tesoros arquitectónicos, y dónde no, apenas por sentido común, así que en el fondo ha habido una tolerancia oficial con este relajo. Curiosamente, el informe de Icomos, que sepamos, no menciona algunas construcciones de Getsemaní que obviamente violan el espíritu de la ciudad patrimonio, y parecería imposible que cumplieran con cualquier regla, incluyendo las de la normatividad porosa que tenemos, tras la que se escudan de un lado y del otro.
El remedio son normas claras, sin posibilidad de ser interpretadas por algunos de los funcionarios ‘creativos’ de la ciudad, en las que la discrecionalidad sea cero. No deben ser normas enmarañadas, sino diáfanas, sin lugar a equivocarse.
Tampoco, como dijimos antes aquí, hay en el informe de Icomos mención alguna de Tierrabomba, en donde el Ministerio de Cultura tiene una amplia influencia y responsabilidad, aunque no haya dicho nada de demoler muchas de las construcciones próximas al fuerte de San Fernando, y que el sentido común indica que no tienen nada que hacer allí dadas sus alturas exageradas, estando próximas a varios monumentos históricos de gran importancia, y que se podrían catalogar como las Aquarelas de esa isla. Además, están construidas sobre un área de riqueza arqueológica de gran importancia por los combates que hubo allí, y que para rematar son un camposanto en donde murieron muchos de los hombres de Vernon y también de Blas de Leso.
Las más recientes noticias no solo tienen que ver con la construcción irregular en áreas de patrimonio arquitectónico, sino también con el abuso de precios a ciertos servicios turísticos, especialmente los informales, como los famosos masajes y las pruebitas onerosas de las masajistas.
Que se hayan conocido tantos casos distintos en poco tiempo indica que esta es una práctica generalizada, y no son casos aislados como se hubiera podido creer antes. En uno, una masajista agredió físicamente a un funcionario, por lo que fue detenida, al menos en ese momento. Y los abusos no se limitan a las masajistas, por supuesto, sino que cubren a varias otras actividades.
En el caso de las demoliciones indispensables para conservar el título de patrimonio, se debe formar un equipo, incluyendo abogados, para definir el camino más expedito para demoler y resarcir a quienes tengan derecho a ello, y dejar este episodio atrás. Y en cuanto a los abusos a los turistas, tienen que operar al tiempo la capacitación, y el ejercicio severo de autoridad. Si no, todo empeorará.
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