La operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación (FGN); la Dijín, de la Policía Nacional; y Migración Colombia, que resultó en la captura de 18 personas acusadas de ser proxenetas o de participar de una u otra forma en redes de prostitución, incluida la explotación sexual a menores de edad, ha consternado a la ciudad por la magnitud del problema y por la sensación de que aún falta mucho por desenredar, pero a la vez ha sido un gran alivio porque también es cierto que se dio un paso enorme y que las distintas autoridades siguen trabajando. Es decir, este es un paso importante, pero apenas es el primero.
La sensación de desasosiego que causaba la aparente impunidad de las personas envueltas en estas redes inhumanas y su facilidad para operar llegó a su fin al ver unas autoridades comprometidas y con las herramientas técnicas y humanas para hacer operativos como el que acaba de ocurrir en Cartagena.
Ayer hubo un acto de rechazo a la explotación sexual en la Plaza de la Aduana, en el que participaron 21 entidades, entre privadas y públicas, liderado por la Alcaldía de Cartagena y la FGN. La alcaldesa encargada, Yolanda Wong, dijo que “(...) el mensaje contundente es de completa articulación con la rama judicial con el fin de que se sancionen, judicialicen y penalicen a quienes atentan contra la moral y buenas costumbres”, pero sobre todo, decimos nosotros, contra el bienestar de jóvenes que caen en las garras de la prostitución. Es difícil sobreponerse al trauma que debe causar esta actividad y sentirse los jóvenes que están en un callejón sin salida, en donde apenas son una mercancía en manos de otras personas, a la vez violentas y sin hígados.
La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros Dueñas, dijo ayer que los jóvenes y la ciudadanía deberían perder el miedo a denunciar, y la verdad es que al dar prueba de su eficiencia con la investigación realizada, las personas arrestadas y los bienes incautados para aplicarles la extinción de dominio, las autoridades cambiaron la percepción de impunidad que predominaba y restauran la fe pública en las instituciones. Las penas en prisión, según la vicefiscal, podrían llegar hasta los 37,5 años.
Siempre hay la duda de si la Justicia será contundente, porque por diversos motivos, técnicos y no técnicos, lo normal es que la Fiscalía y la Policía detengan a hampones reconocidos, y al día siguiente estén en la calle muertos de la risa y más envalentonados que nunca, lo que desmoraliza a la ciudadanía y a las propias autoridades. De todos modos, animan las declaraciones de las autoridades en el sentido de que seguirán desvertebrando estas bandas.
Es normal suponer que falta mucho por hacer, especialmente cuando en la calle alrededor de las audiencias hubo personas tratando de intimidar a los periodistas, incluido a un reportero gráfico de El Universal, dando a entender que serían parte activa de esta actividad ilegal que se trata de erradicar en Cartagena. Zully Salazar, de Corpoturismo, articulará esta campaña entre las autoridades y el sector turístico privado, que en adelante tiene que tener mucho cuidado de no dejarse utilizar por estas redes inescrupulosas.
Felicitamos a las autoridades y esperamos que no desfallezcan en este esfuerzo.
Comentarios ()