La noche de ayer tuvo que ser de las peores, si no la peor, en las vidas de 108 familias (709 personas según la Universidad de Cartagena) que compraron apartamentos en los 16 edificios construidos por el grupo familiar Quiroz, ya que tras recibir instrucciones de la Fiscalía General de la Nación de actuar, la Alcaldía les exigió a sus dueños evacuarlos dado el peligro que representan para sus inquilinos, según los estudios de la UdeC que le sirvieron de base a la Fiscalía para iniciar este proceso.
El alcalde (e) Londoño tuvo que reunir ayer mismo al Comité de emergencia y solicitar decretar la figura de la ‘Calamidad pública’, la cual le otorga facultades especiales al burgomaestre para actuar con celeridad y oportunidad sin los usuales constreñimientos procedimentales de ley, para así poner a salvo las vidas de las 108 familias mencionadas.
Según le dijo a este diario Yolanda Wong, secretaria del Interior distrital, aunque el ideal sería darles un plazo de algunos días para sensibilizar a los inquilinos para dejar sus hogares, la orden perentoria era evacuarlos anoche mismo. Al escribir esto ayer, unas 50 familias habían dejado los edificios de manera voluntaria y la operación seguiría toda la noche.
Una vez evacuadas, estas construcciones serán custodiadas por las autoridades (Policía, e Infantería si fuera necesario) para evitar que sean saqueadas o reocupadas una vez sus dueños las abandonen.
Dejar sus apartamentos en los edificios cuestionados no es el fin, sino el comienzo del problema para sus propietarios, quienes deben ahora enfrentar grandes incertidumbres, como por ejemplo, ¿quién les devolverá el dinero invertido en sus apartamentos? Aunque se supondría que la responsabilidad sería de los vendedores por construir edificios sin los permisos de ley, lo que los hace ilegales, ¿tendrán estos el capital suficiente para reembolsarles a los propietarios lo que invirtieron?
¿Cómo actuará la justicia con las administraciones anteriores que no vigilaron? ¿A los bancos les cabe alguna responsabilidad?
Seguramente vendrá ahora un proceso legal largo para tratar de resolver los anteriores problemas, que para los directamente involucrados podrá ser muy doloroso, especialmente quienes de un momento a otro perdieron su vivienda que quizá representa el trabajo y los ahorros de una vida entera. Y parte de la conclusión eventual del proceso seguramente incluirá demoler los 16 edificios, los que además de ser declarados inhabitables, serían irreglamentarios. Ojalá que esto acabe lo mejor posible para las familias involucradas, y ojalá que en la ciudad no haya muchos casos similares aún por descubrir.
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