La violencia guerrillera no ha sido, en los últimos 20 años, la principal causa de muerte en el país; en contraste, sí lo son ahora, según el Instituto de Medicina Legal, los accidentes de tráfico, especialmente en las carreteras. También, según numerosas instituciones públicas y privadas el mayor problema económico y social de Colombia no es la acción de los alzados en armas, sino la corrupción.
Esta sería una nación grande, con educación y salud de calidad, si los contratistas del Estado, con la complicidad de algunos funcionarios, no robaran lo que está destinado al bienestar colectivo, poniendo en peligro de muerte, como en el caso de la Guajira, a muchos colombianos.
En este momento hay pocos contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, que no se inflen para pagar el soborno de quienes deben velar porque no se roben la plata que es de todos.
En la Guajira acaba de morir el niño número 64 en lo que va corrido del año, de desnutrición, mientras el gobernador encargado recibe amenazas de toda índole, presumiblemente de quienes se lucran de la corrupción. Ella impide mucho más que las guerrillas y las bacrim, que se invierta bien y en la cantidad suficiente el dinero del erario para ofrecer una vida digna a los colombianos.
No se justifica, por ejemplo, que los jóvenes estudiantes del país reciban alimentos en mal estado, solo porque algunos quieren lucrarse sin trabajar y hacerse ricos a costa de la mala vida de los demás. El descalabro ético es tan grande que a estos ladrones les importa poco la vida humana, y ni siquiera el hecho de ser niños sus víctimas parece preocuparles.
La culpa de la corrupción no es solo de los malos contratistas, sino de los empleados públicos que no cumplen su deber, empezando por muchos políticos, que en lugar de trabajar por el bien colectivo, están pendientes de la manera de quedarse con los dineros destinados al bienestar general, casi siempre con la ayuda y complicidad de una contraparte privada.
Los organismos de control no están cumpliendo con sus obligaciones de frenar esta ola de robos y a ellos les corresponde su cuota de responsabilidad. Es notoria la cantidad de malandros capturados por la Policía que al minuto están libres por culpa de un sistema judicial penetrado por la venalidad.
Mientras en Colombia persistan estos lobos feroces que se devoran los recursos que son de todos, este país seguirá igual, con todos los problemas que padece ahora, y algunos peores.
Colombia tiene recursos naturales, tiene habitantes inteligentes y tiene mucha creatividad. Hace falta que se defiendan a ultranza los dineros públicos, y la mejor forma de hacerlo es castigando con rigor a quienes se apropien irregularmente de ellos. Es preciso erradicar la corrupción por ser uno de nuestros grandes males.
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